AERTE

CEAPS muestra su preocupación por el futuro del sector de los servicios sociales en la Comunidad Valenciana

presentación de la nueva Ley de Servicios Sociales InclusivosAERTE no acudió a la presentación de la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos por las declaraciones de una fuente de la Consellería de Igualdad, no desmentidas, en contra de la participación de las empresas privadas en los servicios sociales.

“Nos parecen unas declaraciones muy poco afortunadas ya que el 80% de los servicios son privados y el sector empresarial es fundamental para resolver la situación de carencia de plazas en la Comunidad Valenciana” indicaba la presidenta de CEAPS, Cinta Pascual.

La asociación empresarial más representativa del sector de atención a la dependencia de España, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas CEAPs, ha mostrado su preocupación por la situación que se está viviendo en la Comunidad Valenciana en los últimos meses a través del cuestionamiento del papel de las empresas privadas de servicios sociales.

A finales del mes de diciembre se publicó el Decreto de Acción Concertada de la Comunidad Valenciana por el que se ponía en marcha el famoso concierto social reservado solamente para las entidades sin ánimo de lucro. Esta exclusión de las entidades mercantiles que trabajan en el ámbito de los servicios sociales es, desde el punto de vista de CEAPS, contraría a la nueva Ley de Contratos del Sector Público ya que ésta Ley permite fórmulas de concertación siempre que nos sean discriminatorias, es decir, que permitan la participación de todas las entidades que cumplan con los requisitos técnicos del servicio. “La selección de entidades que trabajan con la administración debe basarse en la calidad del servicio que se presta a las personas en situación de dependencia y no en si lo presta una fundación, una asociación o una empresa. Insisto, el sector de la atención a los mayores sólo puede tener una vara de medir, y es la calidad de los servicios”, ha declarado Cinta Pascual.

En la presentación de la nueva ley de Servicios Sociales que tuvo lugar ayer se planteaba por parte de la Vicepresidenta Oltra que los servicios deberían prestarse primero por parte de la Administración, en su defecto por las entidades sin ánimo de lucro y en tercer lugar por las entidades mercantiles. Por lo tanto, se establece una preferencia, sin ninguna base objetiva que indique el nivel de calidad que presta. “No entendemos este rechazo al trabajo que llevamos a cabo las empresas. En los peores momentos de la crisis sostuvimos una parte muy importante del sistema de servicios sociales manteniendo los centros abiertos y los puestos de trabajos a pesar de los continuos impagos de la Administración.”, afirmaba la presidenta Pascual.

Por estos motivos, no se entiende la posición tomada por la Consellería ni su actitud frente al legítimo papel que las empresas desempeñan, y deben seguir desempeñando, en colaboración de las administraciones públicas y en beneficio del usuario final, es decir, de las personas mayores y/o dependientes.

Los análisis demográficos y la realidad de los servicios e instalaciones actuales claramente muestran un déficit de éstos, a nivel nacional, para poder atender desde la calidad a las personas mayores y a las personas dependientes en un futuro muy cercano, por lo que, de nuevo, no se entiende ni se puede aceptar que no se cuente con la experiencia y la colaboración del sector empresarial.

Desde CEAPs, se va a apoyar cualquier medida o acción que AERTE decida acometer en defensa de la legalidad, de la calidad de los servicios, de la asistencia a los usuarios y del sector empresarial en general. En esta línea, CEAPs también apoyará a las distintas organizaciones territoriales asociadas que se encuentren en situaciones similares.

El Circulo Empresarial de Atención a las Personas – CEAPs, es la organización empresarial estatal más representativa de la dependencia, cuya vocación es la de coordinar, representar, fomentar y defender los intereses empresariales y sociales comunes a los servicios para los mayores y los dependientes.

Las residencias de mayores de la Comunidad Valenciana no podrán cobrar facturas del FLA por un error de la Conselleria

Generalitat-Valenciana-Monica-Valencianes-EFE_1478862261_25669084_1875x1152La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha recriminado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, por un error en la contabilidad que deja «a la gran mayoría de entidades» que gestionan estos centros sin posibilidad de cobrar sus facturas de todo el año 2017 -y algunas de finales de 2016- a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

«El pasado lunes la Conselleria de Hacienda informó de que la Tesorería había cargado un total de 34.988 facturas de proveedores sociales valencianos, por importe conjunto de 296.634.333,50 euros una vez puesto en marcha para la Comunitat Valenciana el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)», han recordado desde Aerte.

«El sector privado de servicios sociales respiraba con la noticia, ya que no se había cobrado ninguna factura de todo el año 2.017, incluso quedaba alguna de 2.016 pendiente, pero la alegría ha durado muy poco», han asegurado. La razón es que el listado de facturas que se han incluido en el FLA para su pago inmediato ha dejado fuera a la gran mayoría de entidades que gestionan residencias de personas mayores, o que tienen plazas concertadas con la Administración Pública, porque no han sido contabilizadas desde la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Además, se está produciendo otra situación que está provocando demoras en los pagos, muchos contratos de residencias están vencidos y no han entrado en vigor los nuevos por retrasos en las adjudicaciones de la Conselleria, según Aerte. En esta situación, para que la Generalitat pueda pagar esas facturas, se debe llevar a cabo un expediente específico, que debe pasar por el Consell, «lo que alarga mucho toda la gestión de pagos», han asegurado.

“Es difícil entender como, a pesar del aumento del presupuesto de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas en más de 214 millones en los dos últimos años, los retrasos en los pagos a las entidades que gestionan centros y servicios de la Generalitat o aquellos que tienen plazas concertadas se siguen produciendo», han criticado. «Solo queda que se deba a una gestión administrativa ineficiente de la propia Consellería, tanto en la contabilización de las facturas como en la formalización de los nuevos contratos, lo que resulta inadmisible», ha declarado José María Toro, presidente de AERTE.

De los peores

La ley para evitar la morosidad en las administraciones públicas fija un plazo máximo de pago de 30 días para las facturas, y según el último informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, fechado en marzo de 2.017, la Comunidad Valenciana es la tercera comunidad autónoma con un periodo medio de pago a proveedores más largo. Con una media de 46,39 días, solo mejora a la Región de Murcia y a Cantabria, según Aerte.

Sin embargo, el periodo de pago no es homogéneo en todos los sectores ya que en el sector de los servicios sociales ya se acumulan casi cinco meses de atrasos en los pagos y todo está pendiente de las liquidaciones del Fondo de Liquidez Autonómica. Hasta ahora, las empresas han ido abonando las nóminas de sus plantillas, pagando las facturas de sus proveedores pero la situación se está volviendo insostenible cada día que pasa sin que se atiendan estos pagos y si los retrasos continúan la situación podría agravarse.

«Seguimos insistiendo en que hay que buscar una solución definitiva al pago de estos recursos que son gastos corrientes y ordinarios de la Administración y que no pueden depender de ingresos extraordinarios como el FLA para ser atendidos. Lo único que provoca esta situación es inestabilidad en el sector y muchísimos problemas de gestión», ha indicado Toro.

Fuente: ABC Comunidad Valenciana

AERTE presenta propuestas a PP, PSPV- PSOE, A LA VALENCIANA Y CIUDADANOS para mejorar la aplicación de la Ley de la Dependencia

José María ToroLa Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha cerrado esta semana una ronda de reuniones con representantes en la Comunidad Valenciana de los cuatro partidos políticos y coaliciones más representativos que acuden a las elecciones generales del próximo domingo, 26 de junio.

El objetivo de dichos encuentros ha sido plantear propuestas relativas a la mejora de la aplicación de la Ley de la Dependencia así como al tratamiento fiscal de los servicios asociados a dicha Ley. En concreto, el documento entregado a todas las formaciones políticas propone:

– La aplicación general del IVA del 4% a todos los servicios sociales, independientemente de la financiación de los mismos y la naturaleza de la entidad.
– Reducir la incompatibilidad de las prestaciones con el objetivo de mejorar la atención a las personas en situación de dependencia, adaptándose mejor a las circunstancias de cada una de ellas. Por ejemplo, AERTE plantea que se puede compatibilizar un servicio de ayuda a domicilio con un centro de día o una prestación de cuidador en el entorno familiar.
– Mejorar la financiación de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. En este sentido, propone recuperar los niveles de financiación previas al RD Ley 20/2012 al nivel acordado, recuperar el nivel mínimo de aportación del Estado y mejorar la aportación hasta un 50% establecido legalmente mediante la aplicación de fondos de carácter finalista.
– Aumentar las intensidades máximas de protección de los servicios del catálogo. Por ejemplo, las horas máximas establecidas de atención mediante los servicios de ayuda a domicilio son escasas para prestar un servicio completo en el ámbito domiciliario.
– Incrementar las cuantías máximas de las prestaciones económicas vinculadas al servicio.
– Continuar con la apuesta por los servicios profesionales como garantía de la calidad del servicio prestado a las personas en situación de dependencia.

Las reuniones se han llevado a cabo con: Àngela Ballester de la coalición A la Valenciana, Ana Botella del PSPV-PSOE, Elena Bastidas del PP y Vicente Ten de Ciudadanos. A dichos encuentros también acudieron Concha Andrés, diputada de Les Corts por el PSPV; Susana Camarero, secretaria de estado en funciones de Servicios Sociales e Igualdad y Fernando Mula, cabeza de lista de Ciudadanos al Senado por Valencia.

 

 

Presentan más de 300 escritos solicitando resolver de forma inmediata expedientes de asistencia a la dependencia

1 (1)-Reclaman que con carácter de urgencia les sea reconocida la prestación económica Vinculada al Servicio de atención residencial.

-Además solicitan que la Conselleria publique una lista ordenada y baremada de solicitantes de ayudas a la Dependencia

– De los 2.351 expedientes resueltos en los cuatro primeros meses, 2.105 corresponden a cuidadores no profesionales. En la Comunidad Valenciana hay más de 40.000 personas a la espera de resolución.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) y diversos familiares han presentado esta mañana a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas más de 300 escritos de personas solicitando que, de forma urgente, se les resuelva la prestación económica, de carácter personal, vinculada al servicio de atención residencial.

Los escritos presentados reclaman, además, que mientras se verifica la petición asistencial principal que cada persona solicitó en su momento, la Conselleria publique una lista ordenada y baremada de los solicitantes de ayudas a la dependencia y que la misma sea accesible de forma permanente, de modo que se pueda verificar públicamente que se siguen criterios objetivos en la concesión de dichas ayudas.

En estas solicitudes se recuerda además que el usuario tiene derecho, según dictaminan diferentes sentencias (Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2015 y Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 20 de diciembre de 2013) a elegir entre una plaza pública o concertada y una prestación vinculada al servicio, siempre bajo la garantía del criterio profesional de las trabajadoras sociales recogido en el informe correspondiente.

Por tanto, el tiempo de espera debería ser el mismo para las solicitudes de uno u otro servicio. Sin embargo, los datos indican que para la resolución de una plaza pública se requiere aproximadamente un año y medio, sin embargo las de prestación vinculada al servicio se alargan hasta los tres años.

AERTE ha trasladado esta situación a la Conselleria  en distintas ocasiones y pensaba que, con el objetivo de acabar con la lista de espera, se podría solucionar esta cuestión. Y más teniendo en cuenta que, al dejar de contar con 2.500 plazas del Plan de Accesibilidad Social, tras las dos sentencias de febrero que las declaraba contrarias a derecho, se está produciendo un cierto colapso en la resolución de estos expedientes. Con la resolución de estas prestaciones se podría ayudar a desbloquear la situación hasta que se apruebe el nuevo modelo de plazas concertadas.

Aunque se ha aumentado el número de expedientes resueltos sobre los del anterior gobierno, aún queda mucho trabajo que llevar a cabo, ya que se ha pasado de priorizar las plazas concertadas a priorizar la prestación de cuidadores no profesionales. Éstas últimas han supuesto el 89.53% de las 2.351 prestaciones resueltas en lo que va de año según los datos disponibles en el portal de la dependencia del SAAD del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

AERTE esperaba que pudiera cambiar la situación estos meses pero sigue habiendo expedientes que llevan tres años para ser resueltos, por lo que ha decidido llevar a cabo esta iniciativa pública para dar visibilidad a esta situación e instar a la Administración para que acelere la resolución de los expedientes pendientes.

A la asociación más representativa del sector de atención a personas dependientes le consta la voluntad de la Conselleria de reducir la lista de espera lo antes posible, para que los expedientes se resuelvan en un plazo razonable de tiempo, pero se debe hacer respetando el criterio cronológico, de igualdad entre las distintas solicitudes, independientemente de las prestación solicitada, y en el menor plazo posible ya que las personas en situación de dependencia deben ser atendidas sin demora.

José María Toro, nuevo Presidente de AERTE

jose maria toro 2 jpgJosé María Toro ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte).

La asamblea general de AERTE, celebrada el pasado mes de abril, aprobó por unanimidad la creación de una presidencia ejecutiva con el objeto de reforzar la actividad de dirección de la asociación, así como fortalecer su posición como agente interlocutor con otras entidades sociales y administrativas. Al frente de la misma estará José María Toro, que compatibilizará este nuevo cargo con el que actualmente ostenta de director general de AERTE. Toro sustituye en la presidencia a José María Moreno, quien ha estado ocupando dicho cargo desde 2013. Este nombramiento ha sido aprobado por unanimidad por la Junta Directiva de la Asociación celebrada esta semana.

Principales retos

Los principales objetivos de AERTE se dirigen actualmente a dar el giro definitivo que el sistema de atención a las personas dependientes de la Comunidad Valenciana requiere. Para ello, la estructura y gestión de la Asociación más representativa del sector se está profesionalizando. En concreto, los retos clave a corto plazo son: modificar las condiciones de contratación de los concursos públicos para asegurar un alto nivel de calidad en los servicios prestados, la limitación de las bajadas para evitar convertir los concursos en subastas y la protección de las condiciones laborales de las plantillas.

Por otro lado, se plantea defender la necesidad de que el Consell establezca un programa de concierto de plazas residenciales para personas mayores, compromiso adquirido por este Gobierno en diversas ocasiones. Para ello, la Asociación cree necesario crear, de manera inmediata, un acuerdo marco de concertación de plazas transparente basado en la libertad de elección de centro por parte de la persona en situación de dependencia, y que permita participar en igualdad de condiciones a todas las residencias debidamente acreditadas.

En un tercer punto, se plantea la máxima colaboración con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para avanzar en el desarrollo de la Ley de la Dependencia y poder dar servicio y atención al mayor número de personas posibles, con medidas como poner a su disposición trabajadores sociales de los centros asociados. “Las empresas del sector cumplen una función social muy importante y han sido un complemento fundamental durante estos años para la continuidad de muchos servicios que se han visto afectados por la crisis y que podrían haber desaparecido. Ahora podemos seguir cumpliendo esa función con un gran número de personas que se encuentran en lista de espera y que podrían ser atendidos de manera inmediata”.

Por último, se seguirá insistiendo a la Generalitat Valenciana para que se comprometa a establecer un calendario de pagos adecuado a la normativa y que permita dar continuidad a las distintas entidades que trabajan en el sector.

José María Toro

José María Toro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y complementó su formación en el Institut d’Études Politiques de Estrasburgo (Francia), cursando estudios de ciencias políticas europeas. Además, es titulado en Dirección de Centros de Servicios Sociales y en el Program for Management Development (PMD) de ESADE Business School.

Toro es director general de AERTE desde 2015 y ha sido miembro de su junta directiva desde 2012. Además, ha sido director general de SERCOVAL, la cooperativa de servicios sociales más importante de la Comunidad Valenciana, desde octubre de 2009 hasta 2015.

Empresas y sindicatos piden participar en el diseño del nuevo modelo de plazas concertadas

SindicatosAERTE, LARES, CCOO-PV y UGT-PV encuentran necesario que la Generalitat Valenciana abra el debate de este nuevo modelo con los agentes que intervienen en el sector de atención a personas dependientes.

Las entidades empresariales y organizaciones sindicales más representativas del sector de atención a la dependencia, AERTE, LARES, CCOO-PV y UGT-PV han solicitado por escrito una reunión conjunta a la vicepresidenta de la Generalitat Valencia y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, para que el Gobierno explique con detalle los datos principales de la licitación y el nuevo modelo de plazas concertadas para personas mayores que se quiere llevar a cabo en la Comunidad Valenciana.

Tras la publicación de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el mes de febrero, la Conselleria de Igualdad y Política Inclusivas decidió no seguir concertando plazas de personas mayores en base segundo tercio del Plan de Accesibilidad Social y poner en marcha un nuevo sistema de concertación.

Estas cuatro entidades creen que Conselleria debe abrir un periodo de debate y aportación de propuestas, en la línea planteada por el Gobierno de buscar consensos y actuar de manera transparente, para concretar el nuevo plan de plazas residenciales concertadas para personas mayores ya que actualmente se desconocen los términos del mismo.

En dicha solicitud escrita, las entidades firmantes del documento reflejan la idea de que el sector de la atención a personas dependientes debe tener un marco estable, con ánimo de perdurar en el tiempo, para mejorar la calidad de la atención prestada y potenciar las oportunidades de creación de empleo.

El sector de la dependencia no entendería que una decisión de tanto calado se tome sólo por parte de la administración sin tener en cuenta a las entidades más representativas. Para ello, añaden, es necesario establecer mecanismos formales de diálogo y debate con todas las partes que intervienen en el mismo.

Además, se necesita rapidez en la concreción del mismo, ya que hay que seguir atendiendo a las personas mayores de la Comunidad, y es necesario contar con esas plazas concertadas para darles servicio y ayudar a reducir la lista de espera que actualmente existe.

El sector de atención a la Dependencia, AERTE, exige a la Conselleria de Igualdad un acuerdo marco frente a sus propuestas de un concierto puro de plazas concertadas

1– Como vía más factible para poner orden en el sector

-AERTE sigue manteniendo su compromiso social de aportar todos sus recursos para mejorar la atención a las personas dependientes en la Comunidad Valenciana

-La asociación aprueba crear una presidencia ejecutiva para mejorar el desempeño de la organización

La asamblea general de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) respaldó ayer por unanimidad la necesidad de seguir insistiendo al Gobierno valenciano sobre la idoneidad de desarrollar un acuerdo marco, como vía más factible para poner orden en el sector de atención a las personas dependientes en la Comunidad Valenciana, especialmente en la reforma de las plazas residenciales concertadas para mayores.

 Esta propuesta, que ya ha sido presentada a la Consellería de Igualdad y Políticas Sociales en varias ocasiones, viene a mejorar la relativa al concierto puro, opción que ha planteado dicha Consellería, pero que puede acabar consolidando el modelo de dotación de plazas que, precisamente, se quiere eliminar. El modelo actual ha sido declarado por varias sentencias judiciales  como contrario a derecho, dando la razón a los argumentos de AERTE, y además no garantiza la deseada igualdad de oportunidades para todos los operadores del sector y la necesaria libertad de elección real de centros por parte de las personas dependientes.

 El acuerdo marco garantiza una mayor oferta de centros para que la persona en situación de dependencia pueda elegir, se evita el riesgo de que se puedan presentar ofertas en bajada temeraria ya que la Consellería puede fijar el precio en base a un estudio adecuado de los costes.

 Hay que tener presente que las personas con rentas más bajas se encuentran en los entornos rurales por lo que concentrar la oferta en varios centros que supondría el modelo de concierto puro, obligará a muchos de ellos a abandonar el entorno donde viven, cuando en mucho casos existe ya una residencia, para trasladarse a la localidad donde esté la residencia que ha sido concertada por la Generalitat.

 Por otro lado, la libre competencia provoca siempre una mejora en la calidad del servicio prestado y distribuye los recursos de una manera más equitativa, la concentración produce exactamente el efecto contrario. Además, un acuerdo marco permite que las entidades puedan invertir en la Comunidad Valenciana y crear empleo ya que pueden sumarse en cuanto estén acreditados, el concierto puro cierra esa opción de manera definitiva por un periodo de varios años.

 En la XXVIII asamblea, celebrada la semana pasada en Valencia, se remarcó además el trabajo realizado durante 2015 para colaborar de forma activa con el nuevo Gobierno valenciano, quien ha dado pasos muy importantes en varios frentes abiertos durante años, al que se le ha reconocido su esfuerzo para intentar la regularización del pago que la administración mantenía con el sector,  o el intento para disminuir el número de expedientes que quedan por resolver (personas que esperan ser atendidos, algunos desde hace años, y que se mantiene todavía actualmente), por lo que en este punto se ha manifestado el deseo de seguir insistiendo a la Generalitat Valenciana para que ponga en marcha mecanismos que agilicen su resolución, reiterando el ofrecimiento de los recursos humanos de los centros, como las trabajadoras sociales, para ayudar a reducir la lista de espera.

 Además, AERTE está participando en diferentes mesas de trabajo con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para implantar en la Comunidad Valenciana un modelo de atención a personas con trastorno mental grave, así como en grupos de trabajo sobre discapacidad.

 En la asamblea se respaldó el compromiso  social de seguir aportando todos los recursos de la asociación para mejorar la prestación de una adecuada atención a las personas dependientes en la Comunidad Valenciana. Para ello, se reforzará aún más la interlocución con los agentes sociales y la Administración de cara a proponer mejoras en aspectos esenciales como las licitaciones públicas. Se ha recordado la necesidad de que las administraciones locales lleven a cabo licitaciones con presupuestos adecuados, para que cumplan con unos precios mínimos, donde las empresas puedan prestar servicios sociosanitarios de calidad y evitar ofertas que ni tan siquiera cubren los costes laborales que requiere dichos servicios.  Los Centros de Día y los servicios de ayuda a domicilio (SAD) deben de ser elementos a desarrollar de manera muy importante por la Administración valenciana.

Creará una presidencia ejecutiva

La asociación más representativa de atención a las personas dependientes ha decidido crear una presidencia ejecutiva con el objeto de reforzar la actividad de dirección de la asociación, así como reforzar su posición como agente interlocutor con otras entidades sociales y administrativas.

Así mismo, se han fijado como objetivo trabajar para mejorar la igualdad de oportunidades en el sector e impulsar acciones entre empresas y centros destinadas a la mejora en la responsabilidad social corporativa (RSC). La asociación ha ingresado en FORETICA  para ir estableciendo un sistema de gestión para ir integrando la RSC en la estrategia y gestión de la organización a través de acciones como campañas de divulgación, y la sensibilización para mejorar la penetración de este concepto en las empresas del sector sociosanitario.

 La asamblea general, a la que asistió más de cien empresas, respaldó de forma unánime el trabajo de la actual junta directiva, así como los retos propuestos para los próximos años. En el capítulo formativo, durante 2015 formado a casi 990 alumnos con un total de 69 cursos.

 Ha sido la primera vez en muchos años que no asistía ningún representante de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas ya que, incluso en los momentos más delicados de la relación entre la asociación y la Administración, como ha sucedido en los últimos años, siempre habían participado en los actos de apertura o cierre de la Asamblea de la entidad más representativa del sector. Algunos asistentes lo han entendido como una muestra del poco reconocimiento que se le da al trabajo de las empresas en el sector de los servicios sociales.

 La asamblea finalizó con una comida de confraternidad de los asociados, a la que acudieron diferentes entidades representativas del sector como Lares, Ugt, CCOO, Afav, Asociación de Parkinson, la CEV, la Universidad d Valencia, y representantes de partidos políticos de Les Corts.

AERTE plantea una colaboración público-privada eficaz para generar empleo y atender los retos sociosanitarios de forma viable

IMG-20160308-WA0000La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana mantuvo ayer una reunión con el Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Turismo, Rafael Climent. AERTE trasladó al Conseller el hecho de que la atención a la dependencia es un sector económico estratégico que crea empleo constante, especialmente femenino, tanto directo como indirecto.

La junta directa de la asociación expuso la necesidad de potenciar una colaboración público – privada eficaz. Según ha manifestado hoy José María Toro, director general de AERTE, “es una colaboración posible porque es viable económicamente y sostenible para el sistema, además de ser clave para atender un gran número de personas que necesitan atención socionsanitaria profesional. Volumen que se incrementará con creces en los próximos años por el aumento del envejecimiento de la población con las consecuencias sociosanitarias que ello implica”.

En ese sentido, la asociación recalcó que el sector puede ofrecer al sistema potentes soluciones en tres direcciones: la excelencia en los servicios prestados a través de profesionales, la creación de empleo y la reducción del déficit público. Cada nueva plaza sociosanitaria ocupada implica la creación de una gran cantidad de empleo directo, en concreto uno por cada dos plazas tal y como marca la propia normativa, e indirecto de forma inmediata. Un empleo muy flexible y de imposible sustitución por los avances tecnológicos. Además, el sector genera retornos presupuestarios positivos en el mismo ejercicio en el que se crean las plazas por diferentes vías: reducción del gasto en prestaciones por desempleo, farmacia y sanitario, incremento de la recaudación tributaria y de la seguridad social, etc.

Por tanto, es un sector que se debería potenciar dentro de una nueva política económica de desarrollo de la Comunidad Valenciana, ya que, posiblemente es el único que posibilita beneficios sociales inherentes al mismo y mejoras de los ratios de empleo, al mismo tiempo que no genera más déficit público.

AERTE también hizo hincapié en que la colaboración público-privada eficaz logra liberar servicios sanitarios para permitir un uso eficiente de los recursos existentes. Por ejemplo, en la utilización de recursos sociosanitarios para las cuestiones relacionadas con enfermos crónicos, convalecientes o necesitados de actividades rehabilitadoras la Administración puede obtener un gran ahorro en el sector sanitario.

En esta línea, la asociación más representativa de la atención a personas dependientes insistió en ventajas añadidas: no es necesario nuevas inversiones en infraestructuras; las residencias ya están en activo y la Comunidad Valenciana dispone de una red asistencial muy amplia y de calidad equiparable a la de los países europeos más avanzados.

Por último, señaló que: lograr estos objetivos de la manera más óptima posible, económicamente hablando, dependerá de la política de inversiones en los recursos sociales que se lleve a cabo, ya que primar servicios profesionales y especializados tiene una mayor repercusión positiva sobre el empleo y los retornos económicos. Al tiempo, un modelo de concertación abierto y que prime la libre elección de usuarios, alcanzado por tanto al mayor número de operadores, conllevaría un mejor retorno de la inversión posible.

La optimización de recursos, clave para mejorar el sistema de salud mental

Antonio Raya DG Diversidad FuncionalLa colaboración con las entidades privadas es imprescindible para el sistema de atención a la salud mental, así lo manifestó a finales de la semana pasada Antonio Raya, director general de Diversidad Funcional, en la jornada organizada por AERTE.

Por su parte, Marian Villanova, subdirectora general de Diversidad Funcional planteó que esa colaboración podría concretarse mediante la concertación de plazas a través de un acuerdo marco de cara a mejorar esa coordinación y la asistencia que requieren estas personas. El Dr. Francisco Ferre, coordinador de la Estrategia Nacional de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, insistió en la importancia de centrarse en la “cronicidad como uno de los grandes retos de la salud mental”.

Begoña Frades, coordinadora de la Oficina Autonómica de Salud Mental, anunció que “esperan tener una estrategia autonómica de salud mental en mayo de este año”.

La clausura corrió a cargo de Rafael Sotoca, director general de Atención Sanitaria, quien apuntó que la cooperación entre todas las partes que participan en el sector es muy positiva para el conjunto del sistema.

Por parte de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana se propuso, a través del coordinador de la comisión de salud mental David Taroncher, “un modelo en el que nadie se quede fuera”.

AERTE organizó la semana pasada una interesante jornada en la sede de CIERVAL en la que se planteó distintas aportaciones para un nuevo modelo de atención de salud mental en la Comunidad Valenciana.

En la jornada, a la que asistieron más de 200 personas, también participaron Marcelino López, director de Programas, Evaluación e Investigación de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) para aportar el desarrollo del modelo andaluz, y Diego Juez, presidente de la Asociación Castellano-Leonesa Atención a la Dependencia (ACALERTE), para comentar el caso de Castilla-León. La Federació Salut Mental Comunitat Valenciana también estuvo presente, a través de su coordinadora Llum Moral. La jornada se completó con dos participaciones muy especiales de personas que compartieron su punto de vista y experiencias como usuarias del sistema de atención en salud mental.

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