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Cerca de 6.000 dependientes pueden exigir indemnizaciones por el copago del PP

dependienteLas plataformas hacen un llamamiento ya que los afectados pueden reclamar hasta el mes de julio al Consell.

Indemnizar por lo que el anterior Gobierno de la Generalitat legisló de manera errónea. Las plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana están haciendo un llamamiento masivo para que los dependientes afectados por los recortes del anterior gobierno autonómico reclamen a la administración actual todo el dinero cobrado de manera irregular o que dejaron de percibir entre noviembre de 2012 y diciembre de 2015.

Un llamamiento que se produce tras una reciente sentencia que declara nulo tanto el copago aplicado por el anterior gobierno de la Generalitat para aquellos usuarios de los centros de día y ocupacionales, como el recorte que se aplicó en la comunidad al salario de los cuidadores de personas dependientes.

«Queremos que la gente sepa que existe un plazo concreto para reclamar este dinero por vía administrativa, mediante solicitud de responsabilidad patrimonial», señaló ayer Mª Carmen Prats, coordinadora de las plataformas. Cerca de 6.000 dependientes en la Comunidad Valenciana se vieron afectados en su momento por estos recortes y por tanto podrían acogerse a esta vía, aunque algunos de ellos ya acudieron a la judicial, lo que amenaza con colapsar la Conselleria de Igualdad.

Fuentes cercanas al departamento de Mónica Oltra señalan que la vía de la responsabilidad patrimonial está ahora mismo saturada debido a los recursos de los familiares de los dependientes que fallecieron esperando las ayudas y por la falta de funcionarios. No en vano, la Conselleria de Igualdad ha reclamado 251 funcionarios más para poder hacer frente al atasco de trabajo, según se ha puesto de manifiesto a través del Plan de Recursos Humanos.

Ante esta amenaza de colapso, las plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia han pedido a la Conselleria de Igualdad que actué de oficio y devuelva este dinero a los dependientes.

La sentencia del Tribunal Superior a la que se acogen las plataformas tiene fecha del 15 de marzo de 2016 y fue presentada por la abogada Sandra Casas, antes de entrar a formar parte del gobierno de la Generalitat como secretaria autonómica de la Dependencia. La sentencia fue publicada en el DOGV el pasado mes de julio y a partir de entonces, según explica Sandra Casas, «los dependientes tienen un año para reclamar estas cantidades mediante una solicitud de responsabilidad patrimonial».

Fuente: Levante el Mercantil Valenciano

El Tribunal Constitucional refrenda los recortes en Dependencia

Tribunal_ConstitucionalEl Gobierno central sí tenía derecho a reformar la Ley de Dependencia y establecer los recortes en la financiación que fijó a través del Real Decreto Ley 20/2012. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia que recoge el BOE de este lunes sobre el recurso que presentó Cataluña contra los recortes en dependencia introducidos por este decreto. Concretamente, la citada norma estableció en varios de sus artículos una reforma que implicó, entre otras medidas, el retraso de las ayudas a los dependientes moderados de grado I hasta 2015, la reducción de la cuantía de prestaciones por cuidados familiares, la eliminación de los niveles intermedios de dependencia dentro de cada grado, la incorporación de nuevos copagos por dependencia y el establecimiento de incompatibilidades en el cobro de distintas ayudas.

Contra estas medidas Cataluña presentó un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias autonómicas en el que alegó además que la vía por la que se habían establecido estas medidas, el Real Decreto Ley 20/2012 exigía de una situación de urgencia que no se daba en la práctica. Cataluña argumentaba que las competencias estatales «cuando se incide en un ámbito material de exclusiva competencia autonómica como la asistencia social» la regulación estatal «ha de tener una menor intensidad o grado» y no menoscabar las competencias de las autonomías.

A esta argumentación, el Abogado del Estado contestaba en la sentencia explicando que parte del objetivo de la reforma legal era «perseguir una homogeneidad en los servicios que reciban las personas dependientes» lo que «evitará desigualdades entre comunidades autónomas y supondrá sin duda un ahorro».

Vistas las dos argumentaciones, el Tribunal Constitucional ha concluido que efectivamente el Gobierno central sí tenía competencias para los recortes acometidos y ha detallado en su sentencia que «desde la perspectiva el control externo que nos corresponde, podemos concluir que la definición de la extraordinaria y urgente necesidad, que fundamenta la aprobación de las normas controvertidas, es explícita, razonada y concreta, no se realiza mediante fórmulas rituales o genéricas, aplicables de modo intercambiable a todo tipo de realidades, sino por referencia a una situación de recesión y de crisis económica y financiera, real y conocida, y a la exigencia de cumplimiento de unos compromisos internacionales de déficit igualmente notorios, que tienen por objeto atender a lo que cabe calificar como una coyuntura económica problemática, -en los términos expresamente aceptados por la doctrina constitucional».

Además, el Constitucional estima que «sin adentrarnos en el juicio político que este Tribunal tiene vedado, debemos apreciar la conexión de sentido de las medidas impugnadas con la situación de urgencia definida, pues todas ellas buscan, de uno u otro modo, redefinir el sistema de atención a la dependencia en la forma que el Gobierno ha considerado necesaria para asegurar su sostenibilidad, pues se orientan, fundamentalmente, a generar ahorros inmediatos en el gasto público dedicado a dependencia».

Fuente: Diario Médico

AERTE exige que se revise y se normalice la normativa estatal sobre copago

copagoEntiende que la Generalitat debe normalizar la situación y exigir al Gobierno central la homogeneización de la normativa, evitar que algunos usuarios queden en una situación económica insostenible y que obligue a todo tipo de entidades a aplicarlo una vez normalizado.

 Exige que se trate a todo el mundo igual y solo haya distinciones cuando haya rentas diferentes y en función de quien presta el servicio.

 Propone utilizar conceptos de renta neta y no incluir patrimonio que no es líquido para posibilitar evitar situaciones insostenibles para personas con escasos recursos económicos.

AERTE con referencia a la reciente sentencia que anula el decreto de Copago de 2013 quiere manifestar:

 – Recuerda que la aplicación de un copago es de obligado cumplimiento por parte de los gobiernos autonómicos.

 – Encuentra que la normativa debe igualar en condiciones a las personas con discapacidad con las personas mayores, sean dependientes o no, que siempre han venido abonando un copago desigualitario de un servicio necesario y fundamental.

  – Entiende que la participación en soportar el coste de los servicios públicos es necesaria para poder mantener el sistema, pero que esto no puede expulsar a las personas del sistema y sí debe conseguir que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones.

 – Considera que la Generalitat debe normalizar la situación cuanto antes y exigir al Gobierno central la homogeneización de la normativa para evitar que ninguna persona quede en una situación económica insostenible y que obligue a todo tipo de entidades a aplicarlo una vez normalizado. Por ejemplo,  no es posible la aplicación de una fórmula que deje con 100 euros disponibles a las personas con los que deben comprar cosas tan básicas como sus medicamentos o su ropa. Se deben utilizar conceptos de renta neta y no incluir patrimonio que no es liquido para posibilitar evitar situaciones económicas insostenibles.

 – Reclama a la Generalitat la máxima transparencia en su aplicación para evitar que se produzcan errores administrativos que conlleven injusticias en el copago. AERTE recomienda establecer reuniones informativas que posibiliten la comprensión de los cálculos, así como información previa sobre los mismos. Así mismo, considera imprescindible consensuar y homogeneizar los costes de referencia, costes que conllevarán una equivalencia con respecto a los cálculos reales, los cuales no tienen consonancia con los publicados hasta ahora por la Administración valenciana.

 – Agilizar de forma prioritaria los más de 10.000 expedientes paralizados durante años de cara a que personas dependientes perciban las prestaciones que por Ley les corresponde, ya que no pueden recibir los servicios que necesitan, en algunos casos llevan esperando desde hace más de tres años.

El copago expulsa a las personas con discapacidad de las prestaciones sociales

CopagoLa generalización por parte de las comunidades autónomas de los copagos en los servicios sociales, especialmente en lo referido a autonomía personal y atención a la dependencia, está expulsando a las personas con discapacidad de las prestaciones y apoyos sociales, según la opinión mayoritaria de los representantes de organizaciones de la discapacidad.

Así se recoge en un reportaje publicado en el número 117 del periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). El texto se centra en el estudio ‘La participación económica del beneficiario en el Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia’, elaborado por Inés de Araoz, asesora jurídica de Feaps, quien señala que “la regulación que se realiza en las diferentes normativas autonómicas tiene como resultado que en la práctica exista una desigual participación de los beneficiarios en el Sistema”.

En este sentido, asegura que “si la participación es muy desigual, habrá que plantearse si el derecho, su contenido esencial, es igual para todos”. “El que puedan existir diferencias de hasta 600 euros en lo que «copaga» una persona en la misma situación dependiendo de dónde viva, sí determina que el derecho sea diferente para unos y otros”, puntualiza.

En esta línea, Roser Romero, presidenta de la Comisión para la Autonomía Personal del Cermi añade que “hemos llegado a un extremo que si preguntas a cada una de las CCAA cómo tienen el tema del copago, ni ellas lo saben porque tenemos tal volumen de contradicciones, de normativas, de directivas, de aplicaciones, que esto es una especie de territorio de Pancho Villa”.

El estudio parte de tres consideraciones principales a tener en cuenta: la inseguridad jurídica, la falta de transparencia e información y la desigualdad territorial. La inseguridad jurídica se debe a la existencia de lagunas y a la dispersión normativa. Y en este sentido, Santiago Villanueva, del Cermi Aragón y miembro de la Comisión de Autonomía Personal del Cermi, explica que “se aprecia la inoperancia de la normativa común y destaca la falta de obligatoriedad de la normativa común”, que no resulta vinculante para las comunidades autónomas.

Y así lo señala también Álvaro García Bilbao, miembro de la Comisión de Autonomía Personal del Cermi, quien asegura que “las reformas siempre van encaminadas en un sentido cada vez más restrictivo para el beneficiario, en una tendencia continuada a disponer de una cobertura cada vez menor del sistema”.

“Trasladar al colectivo de personas en situación de dependencia o con necesidad de apoyos para su autonomía el peso de una situación de crisis a través de modalidades de copago enormemente lesivas, resulta, en definitiva, hacer responsable injustamente de la situación actual a uno de los colectivos desfavorecidos de la población”, afirma.

Según este estudio, las soluciones deben partir, en parte, de las comunidades autónomas, y en una menor parte, del consejo territorial. Según Araoz, “la solución debería ser conjunta, es necesario que exista voluntad de las partes” y reitera que “el Acuerdo del Consejo Territorial que regula la aportación económica deja abierto que cada Comunidad pueda modificar los límites establecidos”.

“Es preciso un compromiso por parte de todos. Para ello, se debería alcanzar un nuevo acuerdo en el Consejo Territorial que establezca unos mínimos obligatorios y homogéneos que se concreten en unos criterios y condiciones que, independientemente del lugar en el que resida el beneficiario, preserven su derecho a un nivel de vida adecuado para ellos y sus familias”, señala.

Así, Araoz subraya que “las comunidades tienen capacidad para mejorar los criterios de participación económica del beneficiario en su territorio, con lo que si quisieran, podrían hacerlo sin la existencia de acuerdo, con cargo al nivel adicional como ya es el caso de algunas de ellas que ya están mejorando esos criterios mínimos”.

La desigualdad entre CCAA sigue siendo uno de los principales motivos de queja en el sector de la discapacidad, según expresa Miriam Torregrosa, miembro de Feder y de la Comisión de Autonomía Personal del Cermi, quien asegura que “lo más grave de todo son las desigualdades autonómicas en lo que respecta a la aplicación del copago en cada Comunidad.

Carlos Esteban, vicepresidente del Cermi Melilla y miembro también de la Comisión para la Autonomía Personal del Cermi, hace referencia a la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y añade que “el copago solo debiera contemplar las prestaciones públicas que recibe el usuario del servicio. Las prestaciones de la Ley de Dependencia son un derecho y ni el patrimonio ni por supuesto las rentas familiares deben contemplarse”.

Para Francisco Sardón, presidente del Cermi Castilla y León, “las políticas de austeridad y recortes están poniendo en una situación límite de su capacidad económica a las personas con discapacidad y sus familias”. Se está violando el principio de equidad y un sistema que pretendía promocionar la autonomía personal, debido al aumento en la aportación económica por parte del usuario, está situando a muchas personas con discapacidad y sus familias al borde de la pobreza”.

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Los discapacitados quieren renegociar el copago pese al avance de Bienestar Social

Joan PlanellsEl Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat aprecia la “buena intención” de la Conselleria de Bienestar Social al ofrecerse a flexibilizar el copago, pero le parece “insuficiente”. Por ello, a partir de hoy elaborará una batería de reivindicaciones que quiere que se aclaren para hacerlas llegar a la Conselleria para que esta las analice con sus servicios jurídicos y seguir negociando. Así lo anunció ayer el presidente del Cermi, Joan Planells, tras la reunión mantenida entre los miembros de las asociaciones representadas en el Cermi para valorar la propuesta que les hizo llegar el lunes el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano.

Consideró que, para ellos, el aspecto más importante es clarificar “cómo se determina la capacidad económica” del dependiente. También vio “insuficiente” el “dinero de bolsillo”, la cantidad de libre disposición que queda del copago, que la Conselleria se ofreció a incrementar de los 126 € mensuales iniciales a 213,5 € para los discapacitados en residencias públicas y, en el caso de los ingresados en residencias de mayores, de 101 a 170 €.

Sí calificó de avance el que el Consell se haya brindado a asumir gastos de transporte para usuarios de centros ocupacionales comarcales con una financiación anual de 1.300 € por usuario. También les pareció muy bien la propuesta de la Conselleria de mejorar el cálculo de las prestaciones por dependencia en beneficio de los menores de 18 años, teniendo en cuenta la capacidad individual del menor y no la renta familiar, y mantener la CNP como excepción en la ley de dependencia para estos usuarios.

Planells apeló a que sus reivindicaciones se tengan en cuenta en una reforma del decreto o, lo que consideró más conveniente, un nuevo decreto.

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Ana Botella se compromete a que «ningún mayor se quedará sin teleasistencia por no poder pagarla»

Ana Botella La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se ha comprometido este miércoles a que «ningún mayor se quedará sin teleasistencia por no poder pagarla».

   Así lo ha confirmado durante su visita a la Central de Teleasistencia de Personalia, del Grupo ONCE, basándose en el «principio de solidaridad», de modo que los mayores podrán estar eximidos del pago o abonarán por el servicio 3, 6, 9 ó 12 euros al mes, en función de sus posibilidades económicas.

La teleasistencia es gratuita para los mayores que vivan solos y cuyos ingresos no exceden de los 690 euros al mes o para familias de dos personas con ingresos que no superan los 920 euros al mes.

En el otro extremo, las personas que viven solas con ingresos superiores a 1.499 euros y las familias con dos personas cuyos ingresos superen lo 1.999 euros al mes, tienen que aportar la cantidad máxima, fijada en 12 euros al mes.

Dentro del contrato figura incluir la aportación económica de los usuarios al coste del servicio mientras que el Ayuntamiento financia el 87 por ciento del total. Esta aportación está definida en base a la capacidad económica de los usuarios, para lo que se establece un baremo basado en los principios de solidaridad y justicia social.

EN BUSCA DE LA «FÓRMULA MÁS JUSTA»

«Hemos tratado de buscar la fórmula más justa, que paguen más quienes más tienen, y que no paguen, o paguen menos, quienes menos tienen», ha explicado la primera edil. Las aportaciones se calculan en función de la Renta Mensual Per Cápita (RMPC), que es el resultado de sumar todos los ingresos anuales (pensiones y rentas) de todos los miembros de la familia y dividirlos entre los doce meses del año.

El resultado se divide por el número de miembros de la familia. En el caso de personas mayores que viven solas, su renta se divide entre 1,5 lo que supone un coeficiente de compensación.

«La vulnerabilidad social no conoce de rentas, ni de clases sociales, ni de nivel cultural. La vulnerabilidad social puede afectar a cualquier madrileño y yo les prometo que todos van a poder seguir viviendo en su domicilio en condiciones de seguridad», ha insistido la alcaldesa.

BOTELLA SE PONE AL OTRO LADO DEL TELÉFONO

La alcaldesa no ha dudado en ponerse al otro lado de la línea telefónica y ha hablado con Concepción, una usuaria que le ha contado que, tras hacer la compra y ver «la novela», se «dará una vuelta con las amigas».

También ha asegurado que está «muy contenta» con el servicio de teleasistencia, como Manuela, una usuaria de 88 años que hoy ha celebrado su cumpleaños en la central, donde ha podido poner cara a la trabajadora con la que lleva hablando «todos los días» desde hace años, Asunción.

DE 30.845 A 133.000 USUARIOS

Botella ha recordado que cuando llegó al área de servicios sociales, hace ya diez años, eran 30.845 los usuarios de teleasistencia mayores de 65 años mientras que en 2013 esta cifra se amplió hasta llegar a los 133.000. Actualmente da cobertura al 21 por ciento de los madrileños de más de 65 años y al 45 por ciento entre los mayores de 80 años. Esta cifra cobra especial relevancia si se compara con la media nacional, situada en el 7 por ciento.

A destacar que entre las modificaciones de ese nuevo contrato –prorrogado hasta 2016 por un importe de 88 millones de euros– se contempla graduar el número de llamadas de seguimiento en función de la situación de riesgo de las personas mayores, con un servicio más equilibrado y personalizado.

De las 8,4 millones de llamadas que se producen al año entre los usuarios y las centrales de asistencia, la gran mayoría, el 85 por ciento, parten de la central para recordarles la medicación, citas médicas, conocer cómo se encuentran, es decir, es un servicio de acompañamiento.

Asimismo, a través del sistema se canalizan multitud de mensajes y consejos importantes para la salud y bienestar las personas mayores. Es una comunicación bidireccional puesto que los usuarios realizan un millón de llamadas al año, en su gran mayoría para situaciones de no emergencia, como hablar, saludar, peticiones de información…

Ahora la apuesta pasa por la personalización. A destacar la incorporación de la domótica a la mejora de la calidad de vida de los mayores, con sistemas tecnológicos que permiten detectar caídas en el domicilio, el número de horas que se pasa en el sofá, alarmas para avisar de que hay que tomar la medicación, que la nevera está abierta o que se ha producido un escape de gas.

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Fernández dice que el decreto de copago para los dependientes que incluye el patrimonio creará situaciones «más justas»

sandra fernandez La consellera de Familia y Servicios Sociales, Sandra Fernández, ha asegurado este martes que el decreto que está ultimando el Govern tendrá en cuenta el patrimonio para calcular la capacidad económica de los beneficiarios de la Ley de la Dependencia a la hora de acceder a los diversos servicios que se prestan, como el ingreso a una residencia de mayores o a un centro de día, a fin de crear situaciones más justas entre las personas dependientes.

   En los pasillos del Parlament, la titular de Servicios Sociales ha apuntado que el decreto está en fase de alegaciones, para que se puedan realizar aportaciones a su contenido y «poder mejorar el texto y intentar corregir cualquier situación que pueda resultar injusta».

   Además, ha precisado que la mayoría de las comunidades autónomas del país ya incluyen el patrocinio de los afectados, tal y como establece la legislación que data de 2006.

   Asimismo, Fernández ha avanzado que el proyecto contempla la creación de una comisión técnica con el fin de evitar situaciones injustas en algunos casos concretos en los que pueda haber algún tipo de duda acerca de su aplicación.

   Hasta ahora sólo se tenía en cuenta la renta de los dependientes, por lo que a partir de la aprobación del Decreto se valorará también el patrimonio, «lo cual consideramos que es mucho más justo», de modo que «el que más tiene es el que más aporta y el que menos tienen será el que menos aporta», ha apostillado.

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Bienestar Social rebajará impacto del copago a dependientes con discapacidad

Hotel NH Palacio de FerreraLa consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, ha anunciado hoy en Avilés que su departamento trabaja en una nueva normativa, que se publicará próximamente, para rebajar el impacto del copago de las personas dependientes con algún tipo de discapacidad.

Esther Díaz ha participado hoy en la inauguración de la jornada «Encuentro de familias», organizada por la Federación de Asociaciones de Integración de Personas con Discapacidad Intelectual de Asturias (FEAPS), en el palacio de Ferrera, de Avilés.

La iniciativa anunciada por la consejera se suma a las ya puestas en marcha para minimizar el incremento del copago de las personas dependientes como consecuencia de las reformas del Gobierno de España.

La consejera de Bienestar Social ha insistido en que las medidas puestas en marcha por el Gobierno central iban encaminadas a la paralización de la Ley de la Dependencia, «y han significado un importante recorte en derechos y prestaciones a sus beneficiarios».

Esther Díaz también ha reivindicado la necesidad de que la futura Ley General del Tercer Sector de Acción Social incorpore las directrices europeas de contratación pública y concesiones.

Díaz ha explicado que esta medida favorecería un mayor margen a las administraciones en las adjudicaciones de obras, bienes o servicios, atendiendo a criterios sociales que facilitarían el posicionamiento de estas entidades en los procesos de contratación de las administraciones.

La titular de Bienestar ha trasladado a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, este posicionamiento del Gobierno de Asturias porque significaría reconocer el papel que las administraciones desarrollan en defensa de los derechos sociales de los ciudadanos.

La consejera de Bienestar Social y Vivienda ha realizado, posteriormente, una visita de obra a la reforma de la Casa del Mar de Cudillero, que está siendo rehabilitada para su adecuación como residencia de mayores.

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