Recortes

La devolución del Presupuesto frustra un aumento significativo de la partida dedicada a la dependencia

dependenciaLa devolución del proyecto de Presupuesto General del Estado de 2019 al Gobierno por parte del Congreso en la votación de totalidad ha dejado sin efecto el anunciado incremento en las partidas dedicadas a la dependencia, inversiones en distintos territorios y especialmente en Cataluña, donde iban a aumentar especialmente, y una serie de modificaciones de impuestos, entre ellas la subida del impuesto al diésel.

Al caer el proyecto presupuestario, quedan en el aire las distintas modificaciones tributarias con las que el Gobierno buscaba aumentar un 9,5% la recaudación, hasta los 227.356 millones de euros, y que ahora el Gobierno tendrá que decidir si aprueba a través de decretos ley.
En el Impuesto de Sociedades, los Presupuestos contenían un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para grandes empresas (del 18% para las entidades financieras y de explotación de hidrocarburos) y una rebaja de dos puntos, hasta el 23%, para las compañías que no alcanzan una facturación de un millón de euros.

En el IRPF, el Gobierno establecía una subida de dos puntos en el IRPF para rentas del trabajo superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las de 300.000 euros, mientras que para las del capital se aumentaba en cuatro puntos para rentas de ahorro de más de 140.000 euros.

LOS NUEVOS IMPUESTOS SÍ SIGUEN SU CURSO

También se incluía la subida al diésel, ya que se reducía su bonificación para aumentar el impuesto especial sobre el gasóleo en 3,8 céntimos por litro. Por contra, se rebajaba el IVA en varios productos, como los de higiene femenina (del 10% al superreducido del 4%) o a las descargas y suscripciones digitales de libros, periódicos o revistas (del 21% al 4%). El IVA a los servicios veterinarios pasaba del 21% al 10%.

Únicamente siguen su tramitación los dos impuestos de nueva creación, el impuesto de transacciones financieras y el de servicios digitales, ya que una ley de Presupuestos no puede contener nuevas figuras tributarias. Ambos fueron aprobados en sendos proyectos de ley, pero aún no han iniciado su tramitación parlamentaria, a la espera de que el Gobierno los defienda ante el Congreso.

Una de las partidas que había experimentado un aumento más significativo era la dedicada a la dependencia, que experimentaba en las cuentas una subida del 58,3%, al subir en 831 millones de euros hasta su mayor dotación en el sistema, con 2.231 millones.

Los Presupuestos recuperaban además la financiación de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, lo que habría afectado a 180.000 personas en una partida a la que las cuentas dedicaban 315 millones de euros.

Por otro lado, se eliminaba también el copago farmacéutico para los pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros y para las personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo.

AUMENTO DE BECAS Y BAJADA DE TASAS UNIVERSITARIAS

Por otra parte, las cuentas contemplaban un aumento del 10,2% para el sistema general de becas y ayudas al estudio, presupuestadas con 1.620 millones de euros y establecían una bajada de las tasas universitarias para dejarlas a niveles anteriores a la subida experimentada en 2012, habilitando para ello a las comunidades autónomas.

También se habilitaba a las entidades locales para flexibilizar la aplicación de la regla de gasto en su gasto en escuelas infantiles, considerando las escuelas infantiles de 0 a 3 años como una inversión financieramente sostenible. Por otro lado, se dotaba de 100 millones de euros la financiación de la cobertura de libros de texto y material didáctico, duplicando su cuantía respecto a 2018.

VIVIENDA

Respecto a vivienda, el Presupuesto tumbado por el Congreso dedicaba un 41% más que el del año pasado, dotando con 137 millones de euros al Plan 20.000 viviendas para incrementar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales.

Asimismo, se presupuestaban 25 millones de euros más para el programa de protección familiar y de lucha contra pobreza infantil en proyectos para mejorar la situación de familias en situación de vulnerabilidad y se dotaban 30 millones de euros para aumentar los recursos de las entidades públicas autonómicas de protección de menores extranjeros no acompañados.

INFRAESTRUCTURAS

En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno había esbozado un aumento de las inversiones en infraestructuras de un 18% más que en las cuentas de 2018, alcanzando el mayor importe inversor desde 2012 con 10.029 millones de euros. De todas ellas, la alta velocidad se ‘comía’ uno de cada cuatro euros presupuestados, al acumular 2.660 millones, más de la mitad de los 5.041 millones dirigidos al ferrocarril.

Otra de las partidas que se quedarán por ahora sin ver la luz es la relativa a la inversión real territorializada, que en el proyecto presupuestario contempla un alza del 20%, hasta los 12.181,94 millones de euros, con incrementos para Catalunya (+52%), Andalucía (+44%) y Comunidad Valenciana (+61%), frente a las regiones más castigadas: La Rioja (-39%), Galicia (19%) o Comunidad de Madrid (congelada).

15 MILLONES PARA VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Respecto al Ministerio de Justicia, las cuentas de Sánchez proyectaban un aumento del 5% respecto a los últimos Presupuestos de Rajoy, elevando su cuantía hasta los 1.869 millones de euros, 15 millones de los cuales se reservaban para impulsar iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y el Franquismo.

Asimismo, las partidas presupuestadas financiaban la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, las nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral y plazas en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, comprometidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la puesta en marcha de las nuevas oficinas judicial y fiscal.

LA SUBIDA DE SALARIO MÍNIMO Y PENSIONES YA ESTÁ EN VIGOR

Las estimaciones que maneja el Gobierno, tras no aprobar los Presupuestos, es que el déficit se eleve al 2,2% o al 2,4% del PIB, frente al 1,3% comprometido con la Comisión Europea en la senda de estabilidad vigente. Asimismo, el Ejecutivo calcula que se perderá además una renta de 4.174 euros por ciudadano en forma de prestaciones y servicios públicos.

No obstante, el Gobierno ya ha aprobado varias medidas a través de la figura del real decreto ley, como el aumento del 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 900 euros mensuales, así como la revalorización de un 1,6% de las pensiones (a la que se añadirá una décima más por el IPC antes de abril) y de un 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, con un coste total de 2.591,65 millones de euros.

Igualmente, aprobó en diciembre la subida salarial de los empleados públicos para 2019, que será como mínimo del 2,25%, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales, hasta un máximo del 2,75%.

Además, ya dio luz verde a la subida del 1,25% de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos, hasta los 944,40 euros al mes, ya que el tipo de cotización ha pasado a ser del 30%, aunque se incluían mejoras para el colectivo de autónomos como el acceso a la prestación por cese de actividad (paro), flexibilizando los requisitos y ampliando la duración de la prestación.

También se ha prorrogado de manera indefinida el subsidio extraordinario por desempleo (SED) de más de 400 euros para los parados sin prestaciones hasta que se cuente con un modelo nuevo, y se ha reducido el número mínimo de jornadas requeridas para acceder al subsidio por desempleo o renta agraria en el régimen de trabajadores temporeros, pasando de 35 a 20 jornadas.

Fuente: Catalunyapress

Cada día mueren seis catalanes esperando la residencia

dependenciaEl Govern admite que de 2013 a 2017 fallecieron 11.194 dependientes en lista de espera.

Los profesionales lo achacan a los recortes y piden «urgentemente» aumentar las prestaciones.

Desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017 murieron 11.194 catalanes que estaban esperando para ingresar en una residencia de la tercera edad. El 74% de los difuntos ya habían sido valorados por los servicios sociales y tenían el derecho reconocido, pero no pudieron ingresar por falta de plazas públicas. Son datos que la Conselleria d’Afers Socials reveló el 18 de enero tras una interpelación parlamentaria. Tanto la patronal de las residencias como los trabajadores sociales culpan a los recortes del 2012 que aplicaron los gobiernos de Rajoy y de Artur Mas, y piden “medidas urgentes”. Según las previsiones demográficas, en treinta años se van a duplicar el número de personas mayores dependientes en Catalunya.

La ley de la dependencia establece que la espera para ingresar en una residencia no puede superar los seis meses. Pero la realidad se ha comido con patatas este marco teórico. Año tras año, centenares de catalanes, la mayoría abuelos de más de 80 años, mueren sin poder entrar en el centro asistencial que han pedido. El año de este periodo en el que hubo menos defunciones fue el 2013, con 1.598 fallecidos. El peor, el 2015, con 2.943 personas que perdieron la vida en esta lista de espera. “Estamos hablando de los últimos años de las vidas de estas personas, ¿qué nos cuesta tratarles con dignidad?”, lamenta Cinta Pascual, directora de la Asociació Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA).

En los últimos dos años las defunciones de los beneficiarios han ido a menos. Sin embargo, según demuestran los datos oficiales, se ha multiplicado por cinco el número de personas que mueren incluso antes de ser valoradas por el trabajador social. Si en 2013 fallecieron 168 solicitantes en 2017 ya eran 849.

Pero el panorama en la actualidad no es muy esperanzador. En estos momentos hay 18.438 personas catalogadas con el “máximo grado de dependencia”, es decir, que tienen el derecho reconocido para entrar en una residencia, pero están en lista de espera. Tres de cada cuatro piden plaza en un centro de la demarcación de Barcelona. Además, hay 52.865 solicitantes pendientes de valorar en los servicios sociales. El 40% esperan la primera valoración, que recae en un equipo especializados de la Generalitat , y el otro 60% aguardan al referente de los servicios sociales municipales que deberá pactar con ellos qué tipo de ayuda quiere y dónde quieren pedir plaza. De estas, solo una de cada cinco solicitudes están dentro del plazo legal.

“El sistema debe hacer un reset”, aseguran los responsables de la Comisió de Dependència del Col·legi de Treball Social de Catalunya. En parte, explican, porque ante las ayudas de la ley de dependencia están los tres niveles de la administración en juego pero no se coordinan. Aunque señalan como causa principal del drama la falta de recursos por los “brutales recortes” que se aplicaron en 2012. “Faltan manos en los servicios sociales, plazas en las residencias y ayudas económicas a los dependientes”. En muchos casos, los trabajadores ven que cuando las personas ingresan en los centros necesitan otro recurso porque empeoran.

En la misma línea opina la principal patronal del sector, ACRA, que agrupa la mayoría de residencias de Catalunya. “En el 2012 una persona que estaba en lista de espera podía cobrar 1.000 euros y mientras tanto pagarse una plaza en la privada. Ahora solo cobran 400 euros. Con esto es imposible financiar nada”, asegura su directora Cinta Pascual. Pascual gestiona una residencia de titularidad de la Generalitat que cuenta con 94 plazas. Tiene 800 ancianos en lista de espera. En algunos casos las personas pueden estar cinco años esperando.

De hecho, la situación es especialmente alarmante en Barcelona y alrededores. “Es donde faltan más plazas asistenciales”, asegura Pascual. En los casos de mayor emergencia y de extra vulnerabilidad, por ejemplo abuelos desahuciados o los que tienen problemas de salud graves y ningún familiar de quien se haga cargo, los mismos ayuntamientos tienen que recorrer a llevarles a zonas más lejanas, a veces desplazándolos de provincia. Pero normalmente los familiares tienen que acabar renunciando a tener a su padre o madre cerca de casa, y lo mandan a aquellas residencias donde la demanda es más baja. “Les estamos obligando a pasar el resto de su vida lejos de donde han vivido, desarraigados. Es vergonzoso”, añade Pascual.

Aunque ellos no pueden poner más recursos, ni abrir residencias, los profesionales de servicios sociales que valoran los casos son los que reciben la angustia de las familias. “Es muy doloroso llamar para decir que ya hay plaza y que te respondan que el familiar ha muerto”, comentan los profesionales de la comisión de dependencia del Col·legi de Treball Social.

En esta misma respuesta parlamentaria, el ‘conseller’ d’Afers Socials Chakir el Homrani asegura que han aumentado un 22% la plantilla de las personas que se encargan de valorar los casos. Señala además que han impulsado medidas para resolver la lista de espera en las zonas más afectadas: los dos Vallès, Maresme, Alt Penedès y Anoia. También puntualizan que los últimos tres meses de 2018 han aumentado la plantilla en las zonas donde hay más espera en las valoraciones y que también trabajan en un “plan de choque” para contratar personal en Barcelona ciudad.

“No encuentro plaza ni pagando un dineral”

Hace cinco años que la madre de Loli vive con ella en casa. El mismo tiempo que espera para entrar en una residencia de su barrio. Fue en enero del 2014 cuando decidieron que lo mejor era que ingresara en este centro asistencial. Al medio año vino una trabajadora social y decidió que la madre de Loli tenía una dependencia severa, de grado 2. “En aquél tiempo aún podía andar, y pensé que viniera a casa porque mientras que no entrara en la residencia podría vivir mejor”. Luego Loli se quedó en el paro, y la demencia de su madre fue a peor. Dejó de trabajar, de salir a cenar, de hacer vacaciones y se dedicó a cuidar a su madre en cuerpo y alma. “No tiene a nadie más, ella me lo ha dado todo”, explica. Hace un par de meses, cuando Loli no estaba en casa, su madre se cayó y se rompió una vértebra. En cuestión de meses tendrá que regresar a casa, pero Loli se ve incapaz. “Necesita estar en un sitio que tenga grúa para moverla, que le puedan dar todos los cuidados”. Como la residencia pública no llega, ha consultado hasta 14 residencias privadas. El precio está entre los 2.000 y los 2.500 euros al mes. Loli está dispuesta a abrir un préstamo con el banco “porque dinero para pagar esto no lo tengo”. El problema es que tampoco el mercado la puede ayudar: “están todas llenas, no hay plazas”. Ante su estupor, ahora ha empezado a consultar todo el Baix Llobregat. Quizá ingrese su madre en Castelldefels. “Lo que más me duele es no poder ir a verla cada día, aquí en el barrio sería distinto».

La madre de A. P. no puede ni expresar su indignación. Murió dos años y medio después de pedir una ayuda de la dependencia. Ella tenía alzhéimer, demencia y problemas renales. “La asistenta social (que le acabó diagnosticando una dependencia de grado)  tardó dos años en venir a casa”, . Le dieron derecho a cobrar una ayuda económica de 400 euros, y una hora al día de una trabajadora familiar. Tres meses después, la ayuda fue aprobada y la trabajadora empezó a venir. La madre de A. P. murió dos días después. “Como no llegó a final de mes, nunca hemos visto este dinero”. Pero de mientras, ella y sus dos hermanas se quedaron sin ahorros. “Durante todo el tiempo que estuvimos esperando contratamos a una chica que venía por las mañanas. Por las tardes nos turnábamos las hermanas. Yo me tuve que reducir jornada, y pasé cobrar mucho menos”. Por el camino, fundieron los pocos ahorros familiares. Un ejemplo, el gasto farmacéutico subía a los 40 euros semanales. “Siempre me quedará saber que la tratamos bien”. Pero la fatiga, el dolor y los ahorros no los devuelve nadie.

Fuente: El Periódico

El drama de la dependencia. Recortando a los más vulnerables

Por Carmen Alemany Panadero

mayores_Hace algunos días leímos en El País la historia de Genoveva, una señora de 95 años aquejada de Alzheimer y que reside en una pequeña aldea de Galicia. Los recortes y las políticas de austeridad causaron el cierre del centro de día al que acudía a diario, obligándola a un desplazamiento de más de una hora diaria hasta otro centro en Muros. No dispone de ayuda a domicilio, a pesar de tener reconocido un Grado II de dependencia, y su hijo de 70 años ya no puede con ella para vestirla o asearla. Los servicios sociales creen que necesita una residencia, pero llevan más de dos años esperando una plaza que nunca llega.

La historia de Genoveva refleja una situación que se repite con frecuencia en muchas comunidades autónomas de España y que he encontrado en numerosas ocasiones en el Centro. Personas mayores, dependientes, que necesitan cuidados y asistencia y cuyas familias hacen lo que pueden, pero trabajan, tienen problemas de salud o edad avanzada y no pueden realizar todas las tareas necesarias. También hay personas en situación de dependencia que no cuentan con familiares cercanos. En estos casos, los servicios y prestaciones públicas reconocidos por la Ley de Dependencia son esenciales para garantizar una vida digna a miles de personas. Esta ley creó el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que cuenta con una serie de servicios y prestaciones que constituyen un derecho.

Casi 200.000 personas dependientes han fallecido entre 2012 y 2017 en España sin recibir la prestación a la que tenían derecho. Más de 100 personas al día. El Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales alerta de que actualmente hay 310.120 personas en lista de espera. Una cuarta parte de las personas en situación de dependencia no tienen acceso a ninguna prestación. Más de un tercio son personas dependientes con Grados II o III, los más vulnerables por tener una mayor necesidad de apoyo.

El recorte de la Administración del Estado en dependencia asciende ya a 4600 millones de euros, teniendo en cuenta la reducción del nivel mínimo, la supresión del nivel acordado y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. Las prolongadas políticas de austeridad y los recortes han supuesto la asfixia financiera del sistema. Las cifras son frías, pero detrás de ellas hay miles de dramas personales.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid emitió un demoledor informe en diciembre de 2017 sobre la situación de la atención a la dependencia en esta Comunidad.

“No se destinan anualmente los recursos necesarios para atender puntualmente las prestaciones de dependencia ni se utilizan los instrumentos presupuestarios que permitieran subsanar el déficit, lo que sería fundamental para atender las necesidades de un colectivo especialmente vulnerable.
El 84% de los que murieron en los seis meses siguientes a la petición de la asistencia lo hicieron sin percibir ayuda alguna. De los que murieron a partir de los seis meses siguientes de solicitar la ayuda del sistema, hasta el 62% falleció igualmente sin recibir ninguna prestación económica o servicio.
Estos hechos podrían dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración y en estos términos se pronuncia la Defensora del Pueblo, al ser éste un derecho invocable ante los tribunales, dado el carácter público de las prestaciones del Sistema, la universalidad en el acceso a las mismas, y el derecho de los ciudadanos a iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa de este derecho. Los beneficiarios con mayor grado de dependencia que solicitaron la atención residencial como modalidad principal, sin haber solicitado una prestación económica como modalidad transitoria, al ser los más vulnerables, habrían sido los más perjudicados”. (Cámara de Cuentas Comunidad de Madrid)

La situación de la dependencia es difícil para todos los afectados, pero en algunos casos existen circunstancias agravantes. Vivir en unos barrios u otros, o en unas regiones u otras, determina la calidad de vida de las personas y afecta especialmente a las personas en situación de dependencia. Algunos de esos factores condicionantes son:

  • Factores individuales: Escasez de familiares con disponibilidad para cuidar, vivir solo/a, falta de redes familiares o sociales, aislamiento.
  • Condicionantes de género: La mayoría de las personas dependientes suelen ser mujeres, muchas de ellas mayores, debido a una superior esperanza de vida. Estas mujeres dependientes suelen contar con pensiones reducidas, por haber asumido las tareas de cuidado de familiares (niños, enfermos, mayores) a lo largo de su vida, suelen tener cotizaciones inferiores o no haber cotizado jamás, y por tanto, cuentan con pensiones muy reducidas. Esto les complica el acceso a servicios asistenciales privados.
  • Residencia en zona rural: las personas dependientes que residen en zonas rurales suelen disponer de escasos recursos asistenciales próximos. Pueden requerir desplazamientos largos a un centro de día o no disponer de servicios de proximidad.
  • Residencia en zona urbana: Las personas que residen en zonas urbanas tendrán más o menos calidad de vida en función del barrio en el que residan. Por ejemplo, en Usera (Madrid) el estudio de Factores Determinantes de Salud 2017 (Ayuntamiento de Madrid), señala que la tasa de discapacidad es claramente superior a la del resto de Madrid, y la salud y calidad de vida son inferiores a todos los niveles: más problemas de obesidad, diabetes, problemas de salud mental, ansiedad y depresión, y una peor percepción de salud y calidad de vida.
  • Factores relativos a la vivienda: La calidad de vida de la persona dependiente dependerá de cuestiones como el estado del inmueble, grietas, humedades, mal aislamiento climático, carencia de muros de contención, barreras arquitectónicas, desniveles en el suelo, etc. Por desgracia, muchas personas mayores y dependientes de Usera habitan en viviendas con deficiencias estructurales.
  • Factores relativos a las vías públicas: Las vías públicas pueden facilitar o dificultar el desplazamiento de la persona en situación de dependencia por su entorno (solo o acompañado). Aceras en buen estado y rampas facilitan los movimientos. Aceras levantadas, rotura del pavimento, falta de adoquines, raíces de árboles sobresaliendo, desprendimientos de ladrillos, árboles sin podar con riesgo de caída de ramas, implican un riesgo para las personas dependientes, que pueden sufrir caídas o accidentes. En distritos como Usera y Villaverde el estado de las vías públicas es mejorable.
  • Los datos de las pensiones medias: El Mapa Social de la Ciudad de Madrid 2017 recoge que Puente de Vallecas y Usera son los distritos con las pensiones más reducidas de la capital, seguidos de cerca por Villaverde, Latina, Carabanchel y Villa de Vallecas.
  • La esperanza de vida: Existen diferencias significativas en la esperanza de vida de las personas incluso dentro del mismo municipio. Por poner un ejemplo, el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid, muestra diferencias de esperanza de vida entre los distritos. Salamanca, Chamartín y Retiro son los distritos con una esperanza de vida más elevada. Los que tienne la esperanza de vida más reducida son Centro, Usera, Puente de Vallecas, Carabanchel y Villaverde. La OMS advierte que las condiciones de la vivienda tienen influencia directa en la salud, especialmente para las personas más vulnerables, como niños, mayores y personas con discapacidad (OMS, 2011). También el Estudio Técnico sobre la Pobreza Energética del Ayuntamiento de Madrid (Sánchez-Guevara et al, 2015) señala la influencia de la climatización de las viviendas en la salud.

Debido a la confluencia de todos estos factores, las personas en situación de dependencia de las zonas urbanas más desfavorecidas se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad. Y las personas dependientes de zonas rurales pueden tener dificultades para el acceso a servicios asistenciales próximos. La mayoría de las personas mayores y dependientes son mujeres, y la mayoría de las mujeres (y más aún las mujeres de esa generación) han cotizado menos que los varones y se encuentran en una situación económica más precaria.

En los doce años de vida que tiene la Ley de Dependencia, el 3% de la población española ha sido reconocida como dependiente, es decir, que necesitan ayuda para realizar las necesidades básicas de la vida diaria. Miles de personas pueden verse abocadas a situaciones de riesgo, vulnerabilidad o desatención. La Ley de Dependencia vino a reconocer unas prestaciones y servicios como derecho subjetivo, como garantía de una vida digna para todas las personas con independencia de su capacidad. La financiación adecuada y suficiente del Sistema de Atención a la Dependencia es un derecho exigible, un deber legal para los poderes públicos y un derecho para los ciudadanos. El Estado debe cumplir con ese 50% de financiación de los servicios del SAAD. El ahorro económico no puede correr a cargo del sector más vulnerable de nuestra sociedad.

Además, es necesario tener en cuenta que los servicios del SAAD generan empleo. En el actual contexto de crisis, precariedad laboral y desempleo de larga duración, los servicios de asistencia a ese 3% de población en situación de dependencia pueden generar miles de empleos, alimentar a miles de familias, y aumentar la demanda y el consumo. En una sociedad envejecida, este sector puede constituir un motor de empleo y crecimiento económico. Según el Observatorio Estatal para la Dependencia, si se atendiera ya a las 310.000 personas dependientes en lista de espera, se generarían más de 75.000 empleos directos, sumados a los 220.000 empleos actuales del SAAD.

Fuente: Medium

Madrid no presta servicio a casi 1.800 dependientes por falta de financiación

MADRIDEn los últimos años, la cifra de personas dependientes en Madrid ha crecido un 29%. Eso ha supuesto un desequlibrio importante en la financiación de estas ayudas. Tanto es así, que en la actualidad hay una lista de espera de 6.847 personas, de las cuales unas 1.779 no reciben ningún servicio.

El convenio firmado asegura que la Comunidad de Madrid ha de encargarse de la financión de estos servicios, mientras la gestión recae en manos del Ayuntamiento. Ahí aparece otro de los problemas: la Comunidad solo dota de 69 millones, y debe unos 108, por lo que tiene que ser el Consistorio el que se encargue de las ayudas a unas 5.068 personas, a través de la ayuda a domicilio. Esto se hace con cargo al presupuesto municipal.

«La Comunidad aporta la misma cantidad desde 2013 al mismo tiempo que el número de personas necesitadas aumenta», explica a 20minutos Marta Higueras, responsable del Área de Equidad.

Es el Gobierno regional el que decide si concede o no la ayuda, y posteriormente la financia. Es además el organismo que remite al Ayuntamiento el listado de personas solicitantes de dicho servicio. «Se van añadiendo casos a la lista y cuando se llega al tope de 69 millones no se pueden incluir más, por eso hay un desfase», revela Higueras.

Esta situación ha desembocado en una deuda de la Comunidad con el Ayuntamiento. En 2017 la cifra ascendió a unos 22 millones de euros y la previsión del equipo de Carmena es que este año sea de unos 80 millones. «Queda claro que la financiación no alcanza, y obviamente nosotros ofrecemos lo que está en nuestra mano, que es la atención domiciliaria», expone una Higueras que da por hecho que ese dinero «se va a recuperar».

Lo que sí reconocen desde el Ayuntamiento es el esfuerzo de la Comunidad en cuanto a medios. «Hay más equipos trabajando, y se nota un esfuerzo detrás», dicen. Marta Higueras destaca que se ve «una voluntad clara» y el mensaje del presidente Ángel Garrido es que se va a trabajar «para resolver el problema».

Eso sí, hace apenas unos días, el concejal de Hacienda en el Consistorio, Jorge García Castaño, solicitó al Estado competencias precisamente en materias de dependencia, con el objetivo de poder avanzar en la resolución de este problema.

Mirada al Gobierno central

Desde la Comunidad comparten la necesidad de un mayor esfuerzo, pero acalaran: «Estamos destinando más dinero que nunca, puesto que hemos presupuestado más de 1.200 millones de euros para la atención a la dependencia».

El director general de Atención a la Dependencia y al Mayor, Carlos González, insta a que el Gobierno central cumpla con la Ley de dependencia. «La norma recoge que la financiación tiene que ser 50-50 entre las comunidades y el Gobierno, y ahora nosotros aportamos el 85% y desde Moncloa aportan el 15%».

En este sentido, los expertos ya avisaron de que el aumento en 46 millones de la partida destinada a dependencia en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 es «papel mojado», porque «no está asegurado que estos fondos se transfieran al nivel autonómico ya que para recibir un euro del Estado, las comunidades deben acreditar cuatro de gasto en personas atendidas, lo que no pueden cumplir debido al actual modelo de financiación».

«Eso tiene que cambiar», dice González, quien reclama a Ahora Madrid que pida al PSOE, «como socio de Gobierno», que solicite a Sánchez un cambio. «Se lo pedimos a Mariano Rajoy en su momento, y ahora lo hacemos con el nuevo Ejecutivo», sentencia.

 

Fuente: 20 minutos

 

 

 

El TSJ Balear condena a compensar por los recortes en dependencia

nuevos-recortes-a-la-dependenciaEl TSJ Balear condena al Govern a compensar a una mujer que perdió durante dos años la prestación que recibía por dependencia a raíz de un cambio de baremo que recortaba las ayudas. La Consellería corrigió con posterioridad y sí reconoció a la mujer el derecho a recibir una cantidad de dinero para su cuidado. Sin embargo no admitía pagar el dinero que le hubiera correspondido los dos años en los que se quedó sin prestación.

La paciente se acogió a la Ley de Dependencia al poco de su entrada en vigor. En el año 2007 se le reconoció un grado de dependencia severa que le daba derecho a recibir una prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Así se mantuvo varios años esta situación, mientras se le aplicó el baremo inicial de la normativa. En ese tiempo fue revisada su situación en otras dos ocasiones y siempre se mantuvo el criterio de que la mujer, de sesenta años de edad y con un trastorno psiquiátrico y una enfermedad renal.

Cuando le iba a caducar la vigencia de la última valoración, fue la propia paciente quien reclamó una revisión de su caso, necesaria para seguir recibiendo el subsidio. Esta vez, en 2014, se le aplicó un baremo más restrictivo y se la clasificó como dependiente moderada y no severa. Esta condición la situaba en grado 1 de dependencia y la privaba de recibir la prestación que tenía reconocida previamente.

Tras este cambio por parte de la administración, la dependiente acudió a los tribunales y presentó un recurso Contencioso contra su nueva valoración. El tribunal no tuvo que entrar en el fondo porque en enero de 2016, cuando el pleito ya estaba en marcha, la propia Conselleria volvió a cambiar la valoración de la paciente y, de nuevo, reconoció que era una dependiente severa y, por tanto, recuperaba el derecho a la prestación.

Así las cosas, la discusión sólo se mantenía porque la última resolución del Govern no preveía efectos retroactivos. Es decir, no anulaba la valoración que le dejó sin dinero y la daba por buena.

El tribunal estima el recurso y obliga a que se pague por todo el tiempo en el que estuvo en vigor la baremación con ‘recortes’, que se extendió a dos años. «Es más que evidente que la resolución es nula y, en consecuencia la anulamos y, en reconocimiento de la situación jurídica individualizada de la señora, declaramos que tiene el derecho a percibir las prestaciones». Además, impone una condena en costas al Govern por mantener abierto el pleito. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Fuente: Balears Noticias

Pamplona se manifiesta reclamando un sistema de pensiones propio

Pamplona_pensionesCientos de personas se manifestaron el lunes en Pamplona para reivindicar un sistema de pensiones público y propio en Navarra, así como una pensión mínima de 1.080 euros con ajuste del IPC.

La movilización, convocada por los colectivos Pentsionistak Martxan y Sasoia, partió pasadas las 12.00 horas desde la plaza del Ayuntamiento y discurrió por las calles del Casco Viejo hasta regresar al punto inicial.

Allí, los organizadores leyeron un comunicado en el que señalaron el “importante deterioro de las condiciones de vida de las personas pensionistas”, en referencia a la Ley de Dependencia, el copago sanitario o las reformas del sistema de pensiones llevadas a cabo por el Gobierno en 2011 y 2013, que “están hundiendo el actual sistema público estatal”.

El representante de Sasoia, Sebastián Rosino, destacó que con estas medidas, dentro de unos años la pensión pública será del 50% del último salario en activo, por lo que “no se puede defender el futuro de las pensiones sin exigir la derogación de esas reformas”.

Cada día, apuntó el manifiesto, se hace “más necesario un cambio social, económico y de gestión”, para poner fin a la situación actual. Por este motivo, los pensionistas reclamaron un Sistema de Seguridad y Protección Social propio, “que surja de nuestras decisiones y que tenga capacidad normativa en materia de ingresos, gastos y reparto de la riqueza generada en nuestro territorio”.

Así, el escrito hizo un llamamiento al Gobierno de Navarra, y le instó a “dar pasos que acerquen” el cambio y lo hagan “viable”, con la creación de un organismo propio que posibilite una pensión mínima de 1.080 euros mensuales y un IPC garantizado en todas las pensiones. “Seguir atados a la caja única nos condena a la más absoluta de las pobrezas”, sentenció.

En este sentido, Rosino recordó que las “pocas” mejoras de las pensiones se han conseguido en Navarra, “por lo que se demuestra que si la gestión se hiciese aquí sería mucho más eficaz”.

Además, el representante de Sasoia pidió al Ejecutivo foral que “se haga justicia a los 82.753 pensionistas (el 61,67%) que en Navarra cobran menos de 1.100 euros, de los que 49.193 (36,66%) no llega a los 650 euros”, además de la necesidad de disminuir la brecha salarial, también presente en el pago de pensiones: “También entre las personas pensionistas las mujeres sufren una fuerte discriminación por el hecho de serlo”, destacó.

REPARTO DESIGUAL

Por último, Rosino criticó el factor de sostenibilidad que quiere ligar el aumento de las pensiones a la esperanza de vida, que calificó de “barbaridad” porque es un “estudio estadístico”. Así, recalcó que “si hay más gente habrá que destinar más porcentaje de la riqueza a esas pensiones, no repartir el mismo dinero entre más gente”.

Durante el transcurso de la manifestación, los jubilados mostraron numerosos carteles y pancartas y otros símbolos irónicos, como un chorizo, al tiempo que corearon diversos lemas reivindicativos como Aquí cotizamos, aquí gestionamosNo falta dinero, sobran ladrones, o Pensiones privadas, personas estafadas.

Por su parte, a la marcha acudieron algunos representantes políticos como Bakartxo Ruiz y Asun Fernández de Garaialde, de EH Bildu, así como representantes de colectivos que apoyaron la convocatoria, como los sindicatos LAB y ELA y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.

Fuente: noticias de Navarra

 

Pensionistas de Ciudad Real creen un «engaño» las propuestas de Rajoy y piden que deje de bonificar los planes privados

Yayos_AVILALa Coordinadora de Ciudad Real en Defensa del Sistema Público de Pensiones considera un «engaño» la intervención en el Congreso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien han recordado que no quieren «limosnas» sino que se vinculen las pensiones al IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años.

Constituida esta misma semana con medio centenar de pensionistas y jubilados, la Coordinadora se ha presentado este miércoles en Ciudad Real para hacer un llamamiento a la participación de todos los ciudadrealeños, «no sólo pensionistas sino también gente joven, parados y trabajadores» a sumarse a la manifestación que el sábado saldrá del parque de Gasset a las 12.00 horas y concluirá en la Subdelegación del Gobierno.

«No creo que la intervención de Rajoy condicionando la subida de las pensiones a los presupuestos confunda a los pensionistas, ya que eso no es más que echarle la culpa de lo que no se haga a los partidos que no le aprueben los presupuestos», ha señalado Augusto Serrano, uno de los integrantes de la coordinadora.

NO A LAS LIMOSNAS

Asimismo, y respecto al anuncio de que, si se aprueban los Presupuestos Generales de 2018, habrá subida de las pensiones mínimas y de viudedad y una concentración de las ayudas en el IRPF para las familias y los pensionistas, Serrano ha insistido en que «no queremos una limosna sino que las pensiones, recogidas en el artículo 50 de la Constitución, estén vinculadas al IPC».

En este sentido, ha agregado que si el Gobierno de España dejara de bonificar los planes de pensiones privados –a través de desgravaciones fiscales en el IRPF– «se ahorrarían más de 2.000 millones de euros al año que se podrían usar para garantizar la subida mínima de las pensiones y no un 0,25% que es una mierda».

Para Serrano, además, esta subida es también un «insulto» a la inteligencia de los ciudadanos ya que «realmente nos las están recordando puesto que la subida del IPC será entre 1 y 1,5 puntos, de forma que perdemos alrededor de un punto».

BRECHA SALARIAL DE LAS PENSIONISTAS

Una situación que, ha dicho, empeora en el caso de las mujeres ya que la brecha salarial que existe en la etapa laboral se perpetúa en las pensiones al cotizar menos que los hombres, «de forma que sus pensiones son, de media, de 350 euros menos que las de los hombres».

En la manifestación del sábado plantearán, al igual que la Coordinadora Estatal, pensiones mínimas que permitan a la gente una vida digna; la aplicación de la Ley de Dependencia; revisión del pago de medicamentos; y que la edad y condiciones de jubilación vuelvan a ser las mismas de antes de las dos reformas del sistema de pensiones – 2011 el PSOE y 2013 el PP- «porque han ido en detrimento de todas las personas jubiladas y de las que aspiran a jubilarse».

En este sentido, solicitan que se vuelva a la jubilación a los 65 años y que pueda haber otras anticipadas dependiendo de los años cotizados para, al mismo, tiempo, permitir la incorporación de los jóvenes al mercado laboral «que es lo que hace falta».

 

Fuente: La Vanguardia

 

 

De nuevo el estado del bienestar se cuestiona: Trump busca recortar programas de bienestar social para los pobres

TRUMPMientras los republicanos en el Capitolio se apresuran a completar su nueva política tributaria para fines de este año, los legisladores y funcionarios de la administración Trump se están enfocando en su próxima medida para el año nuevo: la reforma del sistema de bienestar social.

El momento, dicen los defensores, es propicio: el crecimiento ha alcanzado una tasa anual de más de 3 por ciento, y el desempleo está en sus niveles más bajos desde el mandato de George W. Bush. Las principales figuras del partido, incluyendo el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dicen que recortar «beneficios del sistema de bienestar social» es otra manera de reducir el déficit, aunque por otro lado están planificando endeudarse aún más para financiar los recortes de impuestos.

El riesgo para los republicanos es que, al abogar por un paquete de impuestos sesgado a favor de los ricos, el partido ahora estará asociado con una legislación percibida como dañina para los hogares más vulnerables.

Si el objetivo es reducir el déficit presupuestario, los pobres no deberían ser los que cargan con el peso, sino la amplia clase media», dijo Michael Strain, director de estudios de política económica del conservador American Enterprise Institute.

Las cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso destacan el papel relativamente modesto que desempeñan los programas para combatir la pobreza — como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), los programas de apoyo directo en efectivo o los créditos tributarios por ingresos percibidos —en impulsar el crecimiento del gasto total.

A medida que envejece la población, las áreas de mayor gasto serán las pensiones del gobierno y los principales programas de atención médica; estos últimos, por ejemplo, aumentarán de 5.4 por ciento del PIB en 2017 al 6.9 por ciento en 10 años. Al mismo tiempo, otros gastos obligatorios, que incluyen los programas de seguridad de ingresos, bajarán de 2.9 por ciento del PIB a 2.5 por ciento.

Sin embargo, el presidente Trump ha prometido proteger a Medicare, el programa de salud para los ciudadanos mayores de edad de EUA y al programa de seguridad social. Eso podría amenazar algunos programas de asistencia para los más pobres.

En comparación con las principales naciones avanzadas, los programas de ayuda económica en EUA son relativamente modestos — 2.3 por ciento del PIB — para la población en edad de trabajar. Eso se compara con un promedio de la OCDE del 4.2 por ciento y más de 5 por ciento en países como Francia y España. Cuando se tienen en cuenta los vastos programas de salud pública y privada de EUA, su gasto social es mucho más elevado en las clasificaciones mundiales.

Los defensores del sistema actual argumentan que hay poco que cortar en los programas para combatir la pobreza. Pero los republicanos quieren que se apliquen requisitos de trabajo más estrictos a los programas esenciales, como SNAP, también conocidos como cupones de alimentos, o asistencia en efectivo para los pobres. Muchos también consideran que Medicaid, el programa de salud para estadounidenses de bajos ingresos, debe recortarse.

Recientemente en una entrevista de radio, el Sr. Ryan dijo: «Tenemos un sistema de bienestar que básicamente está atrapando a las personas en la pobreza y pagándoles para que no trabajen».

Steve Moore, un economista de la conservadora Heritage Foundation quien asesoró a la campaña presidencial de Trump sobre la reforma tributaria, respalda las medidas para endurecer los requisitos laborales e impulsar a más recipientes de beneficios al mercado laboral. Al mismo tiempo, dice, es un error para los republicanos pregonar la reforma de la asistencia social como una manera de reducir el déficit. «Ni siquiera deberían de mencionar esta reforma como una medida para ahorrar. Se trata de motivar a las personas a ‘subirse a los ascensores’ para que puedan mejorar sus vidas», dijo.

Algunos analistas argumentan que el sistema estadounidense de programas para combatir la pobreza tiene una relación calidad-precio relativamente buena. Por ejemplo, después de la gran recesión, ayudó a mantener los estándares de vida básicos de muchos ciudadanos, y el Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas (CBPP, por sus siglas en inglés) descubrió que, si se miden cuidadosamente los efectos de la red de seguridad, la pobreza infantil está en su nivel más bajo desde la década de 1960.

Sharon Parrott, becaria del CBPP, dijo que estaba «realmente preocupada» de que los programas, incluyendo los cupones de alimentos, se convertirían en blancos el próximo año. Cuando los legisladores hablaron sobre los requisitos de trabajo, la retórica sugería que querían ayudar a más personas a trabajar, aseveró la Sra. Parrott, pero «no vas a ayudar a las personas a trabajar si les niegas asistencia alimentaria básica y atención médica».

Los responsables políticos del partido republicano insisten en que la reforma de la asistencia social, si se lleva a cabo correctamente, impulsará la movilidad social y aumentará los ingresos de los ciudadanos más pobres. Los defensores de la reforma, como el Sr. Moore, destacan la legislación de bienestar bajo el presidente Clinton a mediados de la década de 1990 como ejemplo de una historia de éxito que enfatizó medidas para impulsar a los ciudadanos con dificultades a trabajar.

Sin embargo, los críticos demócratas señalan los beneficios que proporciona la reforma tributaria de los republicanos para las corporaciones, los dueños de negocios y el 1 por ciento de los hogares más ricos, y cuestionan si los legisladores realmente están considerando las necesidades de los ciudadanos más pobres de EUA.

Copyright The Financial Times Limited 2017

© 2017 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

Fuente: EL ECONOMISTA

El limbo de la Dependencia aumenta en 8.000 personas en solo un mes

Jose-Manuel-Ramirez--presidente-de-la-Asociacion-de-Directores-y-Gerentes-de-Servicios-SocialesEn el último mes se incrementó en 8.031 el limbo de la Dependencia, la lista de espera en las personas que debe atender el Sistema de la Dependencia, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cuyos datos apuntan a que actualmente casi el 40% de las personas desatendidas son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes), y que ascienden a un total de 124.600.

“Además de lo injusto de esta situación, que deja abandonadas a las personas con mayores y más urgentes necesidades de atención”, la plataforma denuncia que existen importantes repercusiones en clave de financiación: el actual Nivel Mínimo, que fue recortado en 2012 según recuerda esta asociación, hace que las Comunidades Autónomas reciban de la Administración central 44 euros al mes por dependiente atendido de Grado I, 82 euros para el Grado II y 177 euros por dependiente atendido del III.

“Las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente, su atención resulte más costosa a las arcas autonómicas”, explica la plataforma en un comunicado, apuntando que el estancamiento en la atención a los dependientes más severos frente a los leves podría estar en la diferencia de coste que supone para las administraciones regionales.

“La consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley de Dependencia”, critica la asociación, recordando que “cada día fallecen 100 dependientes sin recibir prestaciones o servicios a los que tienen derecho.”

Los datos oficiales recogidos por la plataforma reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos. Extrapolando estos datos, la asociación estima que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación, solo en lo que va de año, asciende a 32.000.

“Es necesario que se adopte alguna decisión sobre el futuro del sistema en clave de financiación y, hasta entonces, abordar las urgentes necesidades financieras para la atención plena (cobertura total ya demorada dos años con más de 300.000 personas en espera) por la vía del incremento sustancial de las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado”, reclama.

Fuente: EL BOLETÍN

Etiquetas
@dependencia2_0
Las noticias de Dependencia Social Media