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Alternativas para completar las pensiones gracias a la vivienda

mujer-mayor-ordenadorLos mayores de 65 años pueden rentabilizar su patrimonio inmobiliario con la hipoteca inversa, la renta vitalicia o la venta con alquiler garantizado, si quieren encontrar unos aliados «extra» para complementar sus pensiones.

El debate sobre la viabilidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que los españoles obtengan un dinero extra para su jubilación rentabilizando su patrimonio inmobiliario, dado que los españoles destinan la mayor parte de sus ahorros a la compra de casas.

Mar Villa Pérez, directora de Atención al Cliente del Grupo Retiro, recuerda que el 85% del ahorro de las personas está invertido en su hogar, el 85% de la riqueza de los españoles es su vivienda y, sin embargo, es un activo que no se rentabiliza en vida por lo que considera una buena idea que los jubilados “pongan su patrimonio inmobiliario a trabajar”, recordando que en la actualidad existe distintas fórmulas para hacerlo: la hipoteca inversa, la renta vitalicia y la venta con alquiler garantizado. Con la premisa de que “quien tiene una vivienda tiene un tesoro, también a la hora de la jubilación”.

Hipoteca inversa

La representante del Grupo Retiro, compañía se define como una empresa de asesoramiento e intermediación de para la contratación de distintos productos inmobiliarios y financieros para personas mayores, explica en lo que consiste la hipoteca inversas señalando que “es un producto financiero destinado a personas mayores de 65 años propietarias de una vivienda, que quieran obtener unos ingresos mensuales sin perder su propiedad, precisando que estas personas no tienen por qué estar jubiladas”.

Villa Pérez informa que la hipoteca inversa es un producto que quedó regulado en la ley 41/2007 que permite establecer un crédito con garantía hipotecaria “que permite a quien lo suscribe cobrar del banco un renta hasta su fallecimiento en función de su edad y del valor de la vivienda” y precisa que tiene la particularidad (y de ahí su denominación de “inversa” o “hipoteca invertida” o “hipoteca revertida”) de que la persona mayor no tiene que devolver en vida las cantidades recibidas ni los intereses como en una hipoteca normal, sino que en las hipotecas inversas la deuda queda aplazada al fallecimiento del contratante.

Es decir que el propietario en vida no tiene que devolver ni el capital ni los intereses sino que son los herederos quienes reciben un inmueble con una carga hipotecaria. Y ese es, precisamente, el aspecto que, según la directiva del Grupo Retiro, puede pesar en el propietario a la hora de decidirse a contratar una hipoteca inversa, reconociendo que este producto financiero requiere “un cambio de mentalidad, ya que la cultura de la herencia está muy arraigada en España”, aunque en su opinión, esto debería cambiar “ya que no puede ser que las personas mayores malvivan para que sus hijos hereden una casa” , haciendo especial hincapié en que este “es un producto pensado para los propietarios y no para los herederos” por lo que en la mayor parte de los casos los herederos no asumen la deuda y venden el inmueble.

Y si la hipoteca inversa se encuentra con el freno de que los propietarios quieren dejar su casa a sus descendientes sin cargas financieras, también, -tal y como admiten desde el Grupo Retiro- tiene otro inconveniente: el precio. “Es un producto caro”, reconoce Villa, quien asegura que el banco concede esta hipoteca a un interés del 6%, ya que se mueve a medio camino entre un crédito hipotecario y un préstamo personal. Otra cuestión que frena este tipo de operaciones es que los bancos no la conceden para todas las viviendas por lo que quedan excluidas las de menor valor, que estén en pueblos pequeños, etc. Mientras que a favor de esta fórmula se recuerda que utilizando esta hipoteca la casa llega los herederos, no hay necesidad de vender y el propietario continúa viviendo en su casa.

El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, reconoce que la hipoteca inversa no está teniendo mucho éxito de comercialización y cree que es debido a que las rentas que obtienen los propietarios no son muy altas, debido a la que la mayoría de las viviendas tienen un valor medio, y al hecho de que además estás rentas no son revisables y no tienen en cuenta la inflación. Por lo que cree que -aunque este tipo de hipotecas se concibieron “con muy buena voluntad”, ya que “somos un país de muchos propietarios que están envejeciendo con rentas bajas- el escollo es que “las rentas que da el banco –que encima no son muy altas dado que la vivienda media es barata- no se actualizan ni con la inflación ni con ningún índice inmobiliario”.

Santos González puntualiza que esto no quiere decir que no sea una alternativa interesante para algunas personas, dependiendo de la mensualidad que reciban, aunque subraya que ahora muchas familias piensan que no les conviene heredar una casa con esta carga al 6% de interés y se plantean como alternativa ayudar económicamente a sus padres, por ejemplo. Y concluye que, a priori, probablemente sólo sean interesantes para personas muy mayores y con una buena vivienda.

Renta Vitalicia

La segunda alternativa para completar la jubilación gracias a la vivienda es la renta vitalicia que consiste en un contrato, formalizado en escritura pública ante notario, mediante el cual las personas mayores de 65 años perciben una renta mensual durante el resto de su vida, a cambio de la venta de la nuda propiedad de su vivienda, pero manteniendo en todo momento el derecho de uso y disfrute de la misma, una cuota mensual que vendrá determinada tanto por el valor del inmueble como por la esperanza de vida del propietario (de acuerdo a la edad y sexo del rentista, y según las tablas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Seguros).

La representante del Grupo Retiro explica que la ventaja es que te quedas en tu casa hasta que mueras y que la cantidad que se percibe es mayor que la de una hipoteca inversa, con el añadido de que “no tienes que pagar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), derramas extraordinarias y el seguro de continente de la vivienda”, ya que el ‘vendedor’ sólo tendrá que pagar los gastos que están vinculados al uso de la casa como la cuota ordinaria de comunidad, suministros de la vivienda o la tasa de basuras, subrayando que esta “es una opción por la que se decanta mayormente la gente que no tiene hijos”.

La intermediación para la renta vitalicia la hacen empresas como el Grupo Retiro, que deja claro que los compradores no deben asumir ningún gasto en el momento de la contratación, ya que todos costes –incluidos los honorarios de la compañía intermediaria- los tienen que asumir los compradores de las viviendas que suelen grandes patrimonialistas y grupos y fondos de inversión. Haciendo hincapié en que para que estos contratos tengan la máxima garantía legal deben formalizarse en una Escritura Pública ante Notario que incluye una Condición Resolutoria que quedará inscrita también en el Registro de la Propiedad.

Venta con alquiler garantizado

La tercera opción es la venta con alquiler garantizado, también conocido como sale & leaseback, que es una opción que utilizan muchas empresas pero en esto caso aplicada a particulares y que permite a las personas mayores vender su vivienda, obteniendo una liquidez inmediata, pero sin tener que dejar su casa, ya que de modo simultáneo a la venta se convierten en inquilinos de piso por el plazo de tiempo que ellos fijen, pudiendo llegar a ser con carácter vitalicio, es decir, hasta su fallecimiento.

Desde del Grupo Retiro se explica que esta es una opción que puede ser interesante para quienes tiene una necesidad de dinero urgente para afrontar un pago o para personas de edad muy avanzada que necesitan sufragar cuidados médicos, destacando Mar Villa que no es un producto que recomiendan para personas que no hayan cumplido los 80 años, “ya que al final pagas más en alquileres que el valor de tu propia casa”.

La venta con alquiler inmobiliario es un producto inmobiliario y explica que ellos lo que hacen es elevar el contrato de arrendamiento a largo plazo a público ante notario con los que se inscribe en el Registro de la Propiedad con lo que se preotege al inquilino frente a terceros.

Esta empresa intermediaria aseguran que estas fórmulas de rentabilizar la vivienda cuando se acerca la jubilación son muy populares en Europa y señala que la hipoteca inversa está muy implantada en Gran Bretaña y que lo mismo ocurre en Francia con la renta vitalicia. Mar Villa Pérez considera que no ocurre lo mismo en España con la hipoteca inversa debido a que los bancos son reacios a concederlas y explica que este tipo de hipotecas tuvo una época de auge entre 2007 y 2010 pero luego las entidades financieras se han retirado debido a la enorme cantidad de viviendas que tiene en cartera y “que deben digerir”.

Ejemplos prácticos

El Grupo Retiro facilita algunas ejemplos para dar una idea de cómo funcionan estas fórmulas de rentabilizar la inversión que se ha hecho en una casa cuando el propietario se va haciendo mayor. Una persona de 75 años, independientemente de su sexo, con una vivienda valorada en unos 300.000 euros en una ciudad como Madrid o Barcelona cobraría 466 euros al mes con una hipoteca inversa. Y en el caso de que optara por la renta vitalicia, una mujer de 75 años con una casa de 300.000 euros percibiría 902 euros al mes, y en el caso de un varón de la misma edad la cantidad ascendería a1.112 euros mensuales.

Fuente: Invertia

Cataluña es la única comunidad que en los últimos doce meses ha reducido el número de dependientes

nuevos-recortes-a-la-dependencia«Alberto ahora mismo tiene nueve años, pero es como un bebé de seis meses: no anda, no habla, no tiene control de sus esfínteres, tiene una discapacidad intelectual grave y es prácticamente ciego». Así resume Aurelia Jerez Medina la rara enfermedad que sufre su hijo Alberto, el síndrome de Pitt Hopkins, una afección de la que solo se conocen once casos en España.

En 2008, Aurelia y su marido consiguieron la calificación de “persona dependiente” para Alberto, por lo que comenzó a recibir las prestaciones y servicios públicos a los que tiene derecho: «Desde el primer momento se le consideró un grado tres, que es el grado máximo de dependencia, y siempre lo ha mantenido», explica. Esto implica que Alberto «necesita ayuda de una tercera persona para realizar cualquier actividad de su vida, como puede ser comer, vestirse, acostarse, bañarse… Si no le das de comer, no come, y si no le cambias de pañal, tampoco protesta”.

Desde entonces, la familia recibe una pequeña cantidad de dinero cada mes. «La prestación que se le concedió a mi hijo fue la de cuidados en el entorno familiar. Yo soy su cuidadora y, por eso, en un primer momento se me pagaba 552 euros y mi cotización a la Seguridad Social», explica. Sin embargo, debido a los últimos recortes, la ayuda es ahora menor y desde “el decreto de julio de 2012, se ha reducido hasta los 442 euros y se ha eliminado la cotización”.

De todos modos, la situación de Alberto es mejor que la de muchas otras personas dependientes en España. Según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, a día de hoy casi uno de cada tres afectados se encuentra en las «listas de espera». En concreto, 381.508 no reciben prestaciones o servicios públicos, frente a los 826.362 que sí lo hacen.

Cabe señalar, además, que el 54,1% de los que solicitan las ayudas supera los 80 años, por lo que agilizar los procesos se vuelve crucial. «En la espera, en la espera, en la espera… Hay gente que se muere», afirma el portavoz de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de Cataluña, Enric Ollé, que conoce bien el problema por su trabajo, pero también porque lo ha vivido de cerca: en 2015 falleció la hermana de su suegro, Francisca Valls, quien desde 2009 había sido reconocida como una persona dependiente y, sin embargo, nunca recibió ayuda pública alguna.

Por desgracia, el caso de Francisca no es excepcional, ya que en los últimos cuatro años 127.000 personas han fallecido esperando la prestación a la que tenían derecho. «Es un proceso burocrático y lento», asegura Ollé.

Diferencias entre las CCAA

Aunque en el último año ha crecido en un 12% el número de dependientes a los que se atiende en España, la situación cambia de unas comunidades a otras. En algunas ha mejorado, como sería el caso de Castilla y León, Madrid o Asturias, pero en otras no. Destaca Canarias, donde la lista de espera supera el 50%, y Cataluña, que es la única comunidad que en los últimos doce meses ha reducido el número de afectados a los que atiende.

De todos modos, el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales advierte de que «el resto resto de las comunidades no les va a la zaga». En este sentido, apuntan a un mal sistema de financiación como parte del problema: «El recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 2.865 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares» dice el informe.

Aunque para Francisca ya es demasiado tarde, las decisiones que se tomen ahora marcarán el futuro de Alberto. “En estos momentos es pequeño, y yo todavía me puedo manejar bien, pero me imagino que con el paso del tiempo, que yo vaya cumpliendo años y él vaya ganando peso, necesitaré otro tipo de ayudas”, explica su madre. “Si hay un poco de voluntad por parte de los gobiernos venideros, espero que todo esto pueda ser viable”.

 

Fuente: El Confidencial

 

 

Podemos reclama que las ayudas por dependencia se otorguen en un máximo de seis meses

Dependientes“En los últimos cuatro años, 125.000 personas dependientes han fallecido sin llegar a recibir la prestación o servicio que les correspondía por derecho”, afirma Ana Terrón, diputada de Podemos en el Congreso, encargada de presentar una Proposición No de Ley junto a la también diputada Marta Domínguez. Entienden que el procedimiento para obtener las prestaciones y servicios de la llamada Ley de la Dependencia “es lento, farragoso e ineficaz, se pueden tomar medidas para agilizarlo acortando los tiempos de espera”.

Por ello el grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea eleva a la cámara Baja un propuesta para que las ayudas por la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y la atención a las Personas en Situación de Dependencia sean materializadas en un plazo máximo de seis meses. Es decir, que no pase más de medio año desde que se formaliza la solicitud hasta que se recibe la ayuda económica o el servicio del Programa Individual de Atención que corresponda a cada dependiente.

En el texto de la PNL también se recuerda que “cuando una persona necesita apoyo para desenvolverse en el día a día, cada mes de espera para recibir los servicios y prestaciones adecuados repercuten en el empeoramiento de su calidad de vida y en la de su entorno familiar y/o de apoyo”. Por ello, la iniciativa pide incluir en la Ley la priorización de la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de la Administración Local y deje de estar en manos del nivel autonómico, como hasta ahora.

“Las comunidades autónomas en su mayoría hablan de 6 meses como plazo de resolución de todo el proceso, sin embargo, en muy pocas ocasiones se cumplen, llegando a retrasarse la prestación hasta un año”, señala la diputada granadina Ana Terrón. Entiende que los tiempos reales en varias comunidades son “inasumibles”, como el caso de Castilla y León, Andalucía, Aragón y País Vasco. También están por debajo de la media autonomías como Murcia, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana o Canarias.

Sobre el Servicio de Ayuda a domicilio, Domínguez apunta que “cuando éste no se pueda municipalizar, solicitamos que incluya cláusulas sociales que eviten la precarización del mismo, que afecta mayoritariamente a las mujeres”.

Fuente: El Boletín

Más de 22.500 catalanes han muerto esperando la prestación de la dependencia

asistentes de personas dependientes22.588. Esta es la cifra de ciudadanos de Catalunya que han fallecido desde el 2011 al 2015 esperando percibir la prestación de la Ley de Dependencia, la “cuarta pata” del estado del bienestar. Una demora que ha obligado a la Generalitat a abonar 105 millones de euros a los herederos de los solicitantes que no llegaron a percibir la prestación.

Así lo indica una respuesta parlamentaria de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies a una pregunta de Ciutadans sobre el balance de la prestación por la dependencia. La respuesta, firmada por la consellera Dolors Bassa, detalla las defunciones de solicitantes por años e incluso sino se llegó a tiempo de realizar la valoración del solicitante.

En el 2011 fallecieron 3213 solicitantes sin valoración; 2057,en el 2012; 1487, en el 2013; 1577 en el 2014 y 1697 en el 2015. Cifras un tanto similares a los que finaron pendientes de su Programa Individual de Atención (PIA), es decir, con la valoración pero sin establecer la prestación o servicio. Así en el 2011, los solicitantes que murieron sin tener el PIA fueron 4566; en el 2012, 3287; 1632 en el 2013; 1423 en el 2014 y 1649 en el 2015.

Medidas de mejora

La consellera, pero, insiste en que su departamento ha implementado medidas para mejorar la gestión de la tramitación de la Ley de Dependencia, como el incremento de equipos interdisciplinarios de valoración o las situaciones de alto riesgo.

Según el mismo informe, hasta el uno de enero de 2016 se han resuelto un 97,1% de las solicitudes iniciables valorables. También se han cerrado un 93,7% de las peticiones de revisión de grado así como un 80,8% de los programas individuales de atención realizables, que suponen 258.311 solicitudes.

La lentitud en la resolución de los casos no ha eximido a la administración catalana de pagar las prestaciones que correspondían a los solicitantes que han fallecido esperando. Hasta el 31 de diciembre de 2015, la Generalitat ha abonado un montante de 105 millones de euros a los herederos.

La Ley de Dependencia, el ‘cuarto pilar’ del Estado de bienestar está siendo boicoteado por el Gobierno y varias autonomías

global_Cebo_266“Todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a ser una persona dependiente o vamos a vivir con una dependiente”. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS), trata de humanizar el discurso al hablar de las cifras que se desprenden de casi una década de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Depen­den­cia (Lapad), más conocida como Ley de Dependencia. Porque las cifras deshumanizan.

Un total de 1.180.435 personas está en situación de dependencia reconocida en España. Eso supone que el 2,5% de la población precisa “de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria”, según enuncia la propia ley. Sin embargo, entre 2012 y 2015, 125.915 personas pertenecientes a este grupo han fallecido sin haber obtenido ninguna prestación, según los datos del último Dictamen del Observatorio Estatal de Dependencia que elabora la organización que preside Ramírez. “Es lo que se conoce como el ‘limbo de la dependencia’: todas aquellas personas que tienen una prestación reconocida por ley pero que todavía no se ha hecho efectiva”, remarca Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de Platafor­mas en Defensa de la Ley de Depen­dencia. “Dicen que bajan las listas de espera, pero lo que no te dicen es que ahora hay un plazo de tres años y medio para hacer efectiva la retroactividad de una prestación, y en tres años y medio lo normal es que un gran dependiente de 80 años se muera”.

Y no son pocos. El 54% de las personas dependientes en el Estado español son mayores de 80 años. “Son gente con una vulnerabilidad terrible, el problema es gravísimo, y hay comunidades autónomas con listas de espera muy altas”, explica Ramí­rez. Muchos de ellos están entre los 384.326 dependientes –una tercera parte del total– que a comienzos de 2016 no recibía ninguna prestación. Y la situación se agrava en los 37.764 grandes dependientes de Grado III, el nivel donde más necesaria es la ayuda de los tres que reconoce la ley, que no reciben prestación alguna.

Moratorias y boicot

La ampliación del plazo para hacer efectiva una prestación, que inicialmente era de seis meses y que se ha multiplicado por siete, es sólo una de las medidas de boicot que Gobierno central y algunas comunidades autónomas han establecido para impedir el desarrollo del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Depen­dencia (SAAD), el conjunto de prestaciones y servicios que debían desarrollarse tras la aprobación de la Lapad para crear el ‘cuarto pilar’ del Estado de bienestar. “Nos han tomado como mero gasto. El recorte que se hizo hace dos años, algo más de mil millones, coincidió con el pago adelantado de la deuda. No puedes hacer eso y luego dejar a los que tienes en casa sin atender”, denuncia Jerez, madre de un niño de ocho años, gran dependiente, que padece el síndrome de Pitt-Hopkins, una rara enfermedad de la que sólo hay cuatro casos en España.

En noviembre de 2011, el entonces aspirante a presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avisaba a cuatro días de las elecciones generales: “La dependencia no es viable”. Un mes después comenzaba lo que Ramírez califica de “demolición programada” de la Lapad, con el Real Decreto Ley 20/2011. Entre la complicada maraña de decretos, moratorias y leyes autonómicas que modifican el sistema que debía desarrollar la ley, tres ordenamientos estatales destacan por sus drásticas consecuencias. El 20/2011 fue el primero. “Modificó el calendario y quitó el derecho a los dependientes moderados, lo que supuso que a 35.000 personas se les usurpó el derecho a ser atendidas”, relata Ramírez. Una moratoria que se amplió progresivamente para las afectadas en Grado I , el nivel menos severo de dependencia: hasta julio de 2015 no entraron al sistema. Pero para la presidenta de la Coordinadora esto no es un triunfo: “Debían haber entrado en enero de 2012, pero Rajoy lo retrasó cuatro años, hasta que no pudo hacerlo más”.

El segundo ordenamiento, “la auténtica derogación encubierta de la Ley de Dependencia”, tal como lo describe Ramírez, fue el RDL 20/2012, titulado “de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”. El decreto supuso una nueva moratoria para los de Grado I y simplificó el sistema de valoración de grados, lo que en la práctica endureció las condiciones para acceder a las ayudas. Pero habría más. Recortó drásticamente la aportación del Estado a los presupuestos de dependencia, redujo un 13% el llamado ‘nivel mínimo de protección’ –el dinero que reciben las comunidades autó­nomas por cada dependiente en función de su gravedad– y redujo en un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares, dejando además la puerta abierta para que las comunidades pudieran reducir más esta cifra. El recorte llegaba así a uno de los pilares del sistema, ya que casi la mitad del total de personas atendidas lo está a través de un cuidador familiar, una figura doblemente atacada por el PP, ya que también les dejó sin cotización a la Seguridad Social. Desde aquel momento sería voluntaria. “Hasta entonces había un acuerdo entre el Gobierno y la Seguridad Social por el que éste pagaba por los cuidadores del entorno familiar 56 euros para darles, simplemente, el derecho a una pensión de jubilación. Cuando la cotización fue voluntaria, este convenio se rompió y ahora, si quieren cotizar, son 200 euros que, lógicamente, tienen que coger de la prestación económica que recibe su familiar dependiente. En el mejor de los casos son 387 euros. Si de ahí quitas 200, dejas a los dependientes con 187”, relata Jerez. La conclusión: “Más del 90% nos dimos de baja”.

Recorte brutal y sexista

La supresión de la cotización afectó a 182.021 cuidadoras, mujeres en el 92% de los casos. Tal como indica la profesora de Derecho de la Empresa en la Universidad del País Vasco Isabel Otxoa, “entre quienes estaban cuidando, algo menos de la mitad eran mujeres mayores de 51 años, una parte de las cuales probablemente no tenían un historial largo de cotización en otras actividades”. Sin embargo, relata, “hubo otras mujeres, sobre todo entre las menores de 50, que habían dejado un empleo de pocos ingresos y pasado a cuidar a algún familiar en la tranquilidad de que, si no una remuneración decente, al menos continuaban generando el derecho a la pensión de jubilación”.

En su opinión, el recorte no sólo fue brutal, también fue sexista: “Desde el feminismo criticamos la prestación de cuidados familiares de la ley porque ahondaba en la división sexual del trabajo; defendimos el reparto del cuidado y la ampliación de los servicios externos a la familia. Pero cuando el PP justificó el recorte por la conveniencia de reducir el recurso al cuidado familiar y promover la utilización del resto de las prestaciones de la Ley de Dependencia, cuya escasez y lentitud son bien conocidas, resultó insultante”.

El tercer gran hachazo legislativo al sistema fue el RD 1051/2013, que establece incompatibilidades entre los diferentes servicios y prestaciones que otorga la ley, así como la intensidad de los mismos. “Antes una persona iba a levantar de la cama a un dependiente y lo llevaba a un centro de día para que pudiese estar haciendo talleres de fisioterapia, alzheimer o lo que necesitase, pero a partir de ese decreto hay que elegir una u otra prestación”, apunta Ramírez. La creación de incompatibilidades buscaba rebajar la factura de la dependencia, al igual que lo hacía la disminución de la intensidad de los servicios. El presidente de la AEDGSS lo ilustra con un ejemplo: “Antes un dependiente podría tener hasta 90 horas al mes de ayuda a domicilio, ahora son 70”.

A todo lo anterior hay que añadir la supresión del llamado nivel acordado de financiación, que se eliminó a través de Ley de Presupuestos Generales del Estado: 283 millones anuales que se distribuían entre las comunidades con criterios consensuados de reparto.

Así, el balance que se puede hacer tras la última legislatura es que la Administración General del Estado sólo aporta el 22,6% del gasto público, lo que incumple la propia Ley de Dependencia, en la que se afirma que esa cifra debería llegar al 50%. La carga recae en las comunidades autónomas, que cubren el 77,4% del montante público, “lo que unido a la obligación de ajustarse al déficit hace que estén completamente asfixiadas”, resalta Jerez. Además, a día de hoy los propios dependientes aportan más que el Estado, ya que un 19,9% del total de aportaciones al sistema proviene de ellos mediante la fórmula del copago, establecida por el Consejo Territorial del SAAD, un copago que sigue vigente e incluso ha aumentado, a pesar de ser declarado ilegal por la Audiencia Nacional, fallo ratificado por el Supremo.

Tal como indica Ramírez, muchas de las personas que iban a un centro de día han renunciado ante la carga del copago: “Una persona con enfermedad mental que cobra una pensión no contributiva de 400 euros, si va al centro de día tiene que aportar 200 euros por el copago. ¿Cómo va a pagar eso? Lo mismo la gente que renuncia a la ayuda a domicilio porque no puede aportar el 20 o el 30% de su pensión. El copago ha sido definitivo”.

Con todo ello, los recortes a la dependencia acumulados ascienden, según el último Dictamen del Obser­vatorio de Dependencia, a 2.865 millones de euros, entre la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la eliminación de las cotizaciones de cuidadores familiares. Además, las diferencias entre comunidades son abismales, en prestaciones, presupuesto y desarrollo del sistema, y la Coordinadora que lidera Aurelia Jerez lleva años reclamando que se unifiquen los criterios para ser reconocido como dependiente. Ra­mí­rez, por su parte, es muy claro comparando sistemas autonómicos: “Si una persona vive en una comunidad como Canarias o Valencia tiene muchas posibilidades de fallecer sin que le llegue la Ley. Además, aunque haya cambiado de Gobierno, como en Valencia, poco se puede hacer salvo pequeñas cosas, porque no se pueden recuperar nueve años de desidia en todo el desarrollo de la Ley”. Por el contrario, continúa, “si vive en Castilla-León, País Vasco, La Rioja o Andalucía es muy probable que sea atendido en un plazo razonable, que puede estar en torno a un año”.

Por último, desde la Aedgss resaltan las posibilidades de creación de empleo del desarrollo del sistema de dependencia. Según esta organización, si se atendiera a las 384.000 personas en lista de espera actuales, y con un incremento del gasto público de 2.643 millones de euros –de los cuales se recuperarían 1.012 mediante impuestos, seguridad social, etcétera– se generarían más de 92.500 empleos directos. “Si no creen en la justicia social que cojan la calculadora, no hay una inversión pública más rentable e inteligente que la Ley de Dependencia”.

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Fuente: Periódico Diagonal

El Tribunal Constitucional refrenda los recortes en Dependencia

Tribunal_ConstitucionalEl Gobierno central sí tenía derecho a reformar la Ley de Dependencia y establecer los recortes en la financiación que fijó a través del Real Decreto Ley 20/2012. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia que recoge el BOE de este lunes sobre el recurso que presentó Cataluña contra los recortes en dependencia introducidos por este decreto. Concretamente, la citada norma estableció en varios de sus artículos una reforma que implicó, entre otras medidas, el retraso de las ayudas a los dependientes moderados de grado I hasta 2015, la reducción de la cuantía de prestaciones por cuidados familiares, la eliminación de los niveles intermedios de dependencia dentro de cada grado, la incorporación de nuevos copagos por dependencia y el establecimiento de incompatibilidades en el cobro de distintas ayudas.

Contra estas medidas Cataluña presentó un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias autonómicas en el que alegó además que la vía por la que se habían establecido estas medidas, el Real Decreto Ley 20/2012 exigía de una situación de urgencia que no se daba en la práctica. Cataluña argumentaba que las competencias estatales «cuando se incide en un ámbito material de exclusiva competencia autonómica como la asistencia social» la regulación estatal «ha de tener una menor intensidad o grado» y no menoscabar las competencias de las autonomías.

A esta argumentación, el Abogado del Estado contestaba en la sentencia explicando que parte del objetivo de la reforma legal era «perseguir una homogeneidad en los servicios que reciban las personas dependientes» lo que «evitará desigualdades entre comunidades autónomas y supondrá sin duda un ahorro».

Vistas las dos argumentaciones, el Tribunal Constitucional ha concluido que efectivamente el Gobierno central sí tenía competencias para los recortes acometidos y ha detallado en su sentencia que «desde la perspectiva el control externo que nos corresponde, podemos concluir que la definición de la extraordinaria y urgente necesidad, que fundamenta la aprobación de las normas controvertidas, es explícita, razonada y concreta, no se realiza mediante fórmulas rituales o genéricas, aplicables de modo intercambiable a todo tipo de realidades, sino por referencia a una situación de recesión y de crisis económica y financiera, real y conocida, y a la exigencia de cumplimiento de unos compromisos internacionales de déficit igualmente notorios, que tienen por objeto atender a lo que cabe calificar como una coyuntura económica problemática, -en los términos expresamente aceptados por la doctrina constitucional».

Además, el Constitucional estima que «sin adentrarnos en el juicio político que este Tribunal tiene vedado, debemos apreciar la conexión de sentido de las medidas impugnadas con la situación de urgencia definida, pues todas ellas buscan, de uno u otro modo, redefinir el sistema de atención a la dependencia en la forma que el Gobierno ha considerado necesaria para asegurar su sostenibilidad, pues se orientan, fundamentalmente, a generar ahorros inmediatos en el gasto público dedicado a dependencia».

Fuente: Diario Médico

Los Presupuestos para el 2016 «abandonan» a 455.000 dependientes en lista de espera

José Manuel RamirezEl presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha alertado de que los Presupuestos Generales del Estado para 2016 «abandonan» a 445.000 personas dependientes que están en la lista de espera pues considera que para atenderles no es suficiente el incremento de 75 millones que recoge el proyecto de PGE.

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha asegurado que la organización está estudiando presentar un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional (AN) para forzar al Gobierno a aportar los recursos necesarios para «cumplir la Ley de Dependencia«, particularmente en lo referente a la atención a los dependientes moderados.

Según ha explicado, en el marco de la presentación del XV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, la organización está en proceso de «buscar sinergias y alianzas» con otras entidades y con abogados con el fin de «plantear una acción colectiva» para reclamar el cumplimiento de la ley según los plazos de implantación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), según los cual, a partir del 1 de enero de 2016 deberían estar atendidos tanto los dependientes graves como los moderados con derecho reconocido.

Ramírez ha indicado que «por benevolencia» no se planteará la demanda hasta enero del año que viene, pero ha asegurado que, con los actuales presupuestos y con los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo ha presentado este martes para 2016, los recursos «no dan» para atender a los dependientes que tienen derecho a ello.

Así, ha criticado particularmente las aportaciones del Estado al SAAD debido a que, a su juicio, suponen el «incumplimiento» por parte del Gobierno de la obligación legal de cofinanciar el sistema en igual proporción a las administraciones autonómicas.

En este sentido, ha recordado que desde el pasado 1 de julio ha entrado en vigor el derecho de las personas en situación reconocida de dependencia moderada a recibir prestaciones y cifra el número de dependientes de este tipo que se han incorporado al sistema en 314.570.

En total, sumando las 130.694 personas dependientes con derecho pero desatendidas a las que se han incorporado desde el pasado mes de julio, el número de personas en esta situación se sitúa en una cifra cercana a las 445.000 personas.

Para la asociación, cumplir con el derecho de todas estas personas a recibir prestación exigiría una aportación total (entre el Estado y las comunidades autónomas) de 3.100 millones de euros. Sin embargo, denuncia que la cantidad destinada por el Estado para estas prestaciones es de370 millones de euros, un 12% del total necesario.

Según ha explicado Ramírez, el actual nivel de financiación supone una «asfixia financiera» para las comunidades autónomas que «se ven obligadas» a compensar la falta de aportaciones por parte del Estado, lo que a su vez da lugar a «desigualdades» en el desarrollo del SAAD según la comunidad autónoma. De hecho, ha asegurado que en algunas regiones la aportación de los usuarios (debido al copago) al sistema «prácticamente iguala» a la del Estado.

LOS NUEVOS GOBIERNOS NO PODRÁN MEJORARLO

En la actualidad, la media de aportación se sitúa en un 78% por parte de las administraciones autonómicas y en un 22% por parte del Estado, según ha explicado.

«Si al ataque económico que se produce a las arcas de las comunidades autónomas se le añade la obligación de cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, podemos entender que las comunidades autónomas no pueden soplar y sorber a la vez«. ha manifestado.

De este modo, ha subrayado que la aportación de las administraciones regionales al sistema supone ya «un quebramiento económico» al que ahora se añade la obligatoriedad de atender a los dependientes moderados, por lo que se ha mostrado convencido de que, para los nuevos gobiernos autonómicos, «por mucho que busquen la eficiencia, el presupuesto para el año que viene no da» lo necesario para responder a las obligaciones legales.

En este sentido, ha calificado de «fraude» el incremento presupuestario anunciado por el Gobierno este martes para 2016 y que finalmente se quedará en 70 millones de euros, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

Ramírez ha asegurado que, a ese ritmo de incremento, «se tardaría 25 años en llegar a atender a todas las personas con derecho a prestaciones» y ha acusado al Ejecutivo de «haber hecho una canallada al levantar expectativas».

De hecho, asegura que, incluso Castilla y León, que hasta ahora tenía una lista de espera del 0.8%, con el actual marco presupuestario y la incorporación de los dependientes moderados al sistema (que añade al sistema en torno a 20.000 personas con derecho a recibir prestaciones en esta comunidad) no va a poder hacer frente a la obligación de cumplir la ley.

37% DE DEPENDIENTES SIN ATENDER

En cuanto al informe presentado hoy, señala que en España hay un total de 1.191.406 personas dependientes con derecho reconocido a recibir prestaciones, de las cuales en torno a 750.000 reciben prestaciones, y, a fecha del pasado 30 de junio, 75.646 personas están a la espera de valoración. Así, cifra en un 37% el porcentaje de personas que, pese a tener reconocido su derecho, no reciben prestación de ningún tipo.

Además, señala que, pese a que se ha reducido la lista de espera para recibir prestaciones en un total de 175.000 personas, ello «no se debe a un incremento en el número de personas atendidas» sino al fallecimiento tanto de personas en lista de espera como personas que estaban recibiendo prestaciones.

Según ha asegurado Ramírez, la media de edad de las personas con derecho a prestaciones por dependencia supera los ochenta años y la lista de espera para comenzar a recibir prestaciones es de en torno a dos años.

Asimismo, ha indicado que, de acuerdo con los datos que aporta el informe, se ha reducido en 68.424 el número de expedientes de tramitación de valoraciones de personas que solicitan el reconocimiento de un nivel de dependencia de grado III (gran dependencia) y en 27.400 el número de personas que solicitan un nivel II, respecto a junio de 2012.

«El procedimiento (solicitud, valoración, resolución PIA y acceso real a servicios o prestaciones) sigue siendo lento, farragoso, ineficaz y una auténtica tortura para las familias», denuncia la organización.

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Los mayores que viven solos son los más castigados por los recortes y la crisis

Paquita-Miguelez-Monroy-Solidarios-Desarrollo_EDIIMA20150217_0159_13Paquita tiene 86 años y es murciana. Vive sola en una pequeña casa de un popular barrio madrileño «desde hace mucho tiempo». No recuerda exactamente cuánto. A la capital se trasladó para trabajar en un hospital militar junto a otras dos mujeres de la familia. Ella es una de las más de un millón y medio de personas mayores de 65 años que viven solas en España, según calcula la Fundación Amigos de los Mayores, y contra las que la crisis económica y las políticas de austeridad han impactado con mayor dureza.

Los recortes en servicios sociales y en el sistema de atención a la dependencia, la congelación de las pensiones y el copago farmacéutico deterioran el bienestar de los mayores y, en mayor medida, el de aquellos que no cuentan con apoyo familiar. De quienes viven solos y se enfrentan cada día al riesgo de exclusión.

Esa soledad que muchos experimentan de forma más intensa por las noches, o los fines de semana –según los últimos datos del IMSERSO, hasta un 25% de los mayores reconoce sentirse solo en ocasiones especiales– es una situación que no dejará de aumentar en los próximos años, debido al progresivo envejecimiento de la población.

«La crisis me ha afectado, claro que sí», sostiene desalentada Paquita, que se rompió el brazo hace año y medio. Se desenvuelve con cierto grado de autonomía, pero hay cosas que no puede hacer por sí misma. Por ello cuenta con un servicio de ayuda y comida a domicilio y teleasistencia; prestaciones que actualmente, y por la crisis, exigen el copago del beneficiario. «Antes no pagaba nada por la teleasistencia, ahora pago seis euros al mes, más 40 de la ayuda a domicilio y 5,29 diarios de la comida», enumera enfadada. Las cuentas no le cuadran.

Este tipo de servicios permiten que la persona mayor pueda continuar viviendo en su casa habitual y consiguen satisfacer sus necesidades asociadas a la edad sin desvincularse de su entorno. Álvaro Crespo, responsable del programa de Acompañamiento a Mayores de la ONG Solidarios para el Desarrollo, considera que estos recursos evitan su institucionalización, es decir, que tenga que acudir a una residencia.»Si el mayor no tuviera a nadie que le ayudara con las tareas básicas como la comida y la limpieza, o no contase con la seguridad que da la teleasistencia, tendría más posibilidades de tener recurrir a ello», señala.

La importancia de las prestaciones públicas

Sin embargo, estas prestaciones se enmarcan en la cartera de servicios que concede la Ley de Dependencia y la que ofrecen los Ayuntamientos, que se han venido recortando desde el inicio de la crisis. Según los datos que maneja la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el presupuesto para esta partida se redujo entre 2011 y 2013 en 2.200 millones de euros al año. La dependencia, por su parte, sufre una  situación de colapso que ha provocado la pérdida de más de 47.000 dependientes solo en 2014. Las restricciones del gasto se unen ahora a una nueva preocupación: la reforma de la Administración Local, que según los trabajadores sociales puede provocar la desaparición o reducción drástica de los servicios municipales.

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En el XIV Dictamen de la Dependencia solo aprueban 8 Comunidades Autónomas

La reducción de la financiación estatal del sistema de dependencia, además de incrementar el copago de los usuarios en 2012, ha conllevado un quebranto acumulado para las comunidades autónomas de 1.409 millones de euros en los tres últimos años.

Esta desinversión ha provocado que algunas autonomías presenten graves deficiencias en la atención a las personas dependientes. Si tomamos como referencia el número de beneficiarios, personas con derecho o el gasto público por habitante y año, entre otros doce indicadores, las comunidades que peor posición ocupan durante el último año son Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana. Así se desprende del XIV Dictamen de la Dependencia, aplicado por comunidades, que la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha presentado este jueves.

En 2014, la Comunidad Valenciana ha incrementado ligeramente (un 0,3%) el número de personas atendidas, sin embargo, hay 8.339 personas valoradas menos y el número de personas con derecho se ha reducido en 6.281. Además se han perdido casi 1.700 atenciones en plaza residencial. Tras ocho años de implantación de la ley, la comunidad no ha activado ningún servicio de Ayuda a Domicilio.

Canarias ha aumentado el número de atendidos un 10,7% y un 6,3% las personas valoradas, lo que de acuerdo con el informe denota un importante esfuerzo. Aun así, descienden las personas con derecho y el sistema presenta una desatención cercana al 50%. «Canarias muestra un gravísimo retraso en la implantación del sistema», según los autores del estudio.

En Aragón, comunidad que ocupa la tercera peor posición, también caen los principales indicadores: mantiene un grado de desatención superior al 20%. Al igual que la Comunidad Valenciana, tampoco ha puesto en marcha ningún servicio de Ayuda a Domicilio y registra un importante número de bajas sin reposición de personas que cobraban la prestación económica por cuidados familiares: 1.566.

Si atendemos al indicador de gasto público en dependencia por habitante y año, las tres comunidades se sitúan por debajo de la media, que alcanza los 104,49 euros. La Comunidad Valenciana, 57,95 euros; Canarias, 39,20; y Aragón, 83,52. Por el contrario, las autonomías mejor valoradas, Castilla y León, País Vasco y Andalucía, superan con creces la media e invierten 139, 160 y 121 euros anuales por habitante, respectivamente. A nivel nacional, la reducción de la financiación pública ha provocado que las personas dependientes ya aporten más al sistema que el Gobierno.

Según se desprende del informe, estas últimas son comunidades que han resistido relativamente bien el impacto de las reformas y las restricciones presupuestarias. Los autores señalan que Andalucía acumula un deterioro del sistema desde mediados de 2012 pero destaca que se ha frenado e invertido la pauta en 2014.

Respecto a Ceuta y Melilla, el estudio informa de que se situarían por detrás de Aragón a causa de la falta de servicios. Sin embargo, debido al tamaño de las ciudades autónomas y considerando que el sistema depende directamente del Imserso, no se han incluido como uno de los tres territorios donde peor se ha desarrollado la ley.

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