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Una cooperativa de inserción laboral dará nuevos usos sociales a kioscos de Barcelona

quiosc_ramblacatalunyaBarcelona pondrá en marcha una prueba piloto en diez kioscos de la ciudad para buscarles nuevos usos. La intención es que los kioscos de la nueva cooperativa puedan ofrecer —aparte de prensa y revistas— otros servicios, y que eso les permita convertirse en un punto de referencia vecinal.

Así, se ha pensado la posibilidad de que se conviertan en un punto de intercambio de libros, un punto de acceso Wi-Fi y de recarga de móviles, un punto de información municipal y de actividades de las entidades sociales, un punto para la distribución de pedidos o un punto de venta de lotería, entre otras opciones.

Se hará mediante una cooperativa formada por personas con diversidad funcional que, al mismo tiempo, permitirá la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Así, un total de 25 personas recibirán formación y asesoramiento durante seis meses para convertirse en futuros cooperativistas del proyecto que lidera el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. La cooperativa se constituirá como una empresa de inserción laboral y deberá tener como mínimo un 30 % del personal en situación de riesgo de exclusión.

La iniciativa llega después de meses de trabajo para identificar los kioscos que actualmente no tienen actividad y que se quiere mantener en la vía pública para que se conviertan en una oportunidad laboral para las personas con discapacidad.

Nuevos puntos de prestación de servicios culturales, ambientales o sociales

La elección de estos diez kioscos surge de una radiografía integral que se ha realizado de estos puntos de venta y con la que se ha analizado la situación y la interacción con el territorio donde se ubican para evaluar futuras orientaciones alternativas que garanticen su viabilidad.

En toda la ciudad hay 285 kioscos activos, de un total de 338, que en su mayoría son rentables económicamente, aunque los resultados varían según la ubicación, siendo los más eficientes los del centro de la ciudad. Todas las concesiones actuales acaban en septiembre del 2030.

El modelo, sin embargo, está en riesgo. Los resultados económicos de estos negocios están excesivamente ligados a los ingresos de publicidad,ya que los nuevos hábitos de consumo de la prensa escrita y los cambios tecnológicos han hecho disminuir notablemente las ventas de diarios, revistas y otros.

En la elaboración del estudio ha participado el observatorio de la urbanización de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los resultados se compartirán ahora con el sector comercial y profesional de la venta de prensa para implicarlos en la definición de modelo del kiosco del futuro.

Fuente: El Periódico

La devolución del Presupuesto frustra un aumento significativo de la partida dedicada a la dependencia

dependenciaLa devolución del proyecto de Presupuesto General del Estado de 2019 al Gobierno por parte del Congreso en la votación de totalidad ha dejado sin efecto el anunciado incremento en las partidas dedicadas a la dependencia, inversiones en distintos territorios y especialmente en Cataluña, donde iban a aumentar especialmente, y una serie de modificaciones de impuestos, entre ellas la subida del impuesto al diésel.

Al caer el proyecto presupuestario, quedan en el aire las distintas modificaciones tributarias con las que el Gobierno buscaba aumentar un 9,5% la recaudación, hasta los 227.356 millones de euros, y que ahora el Gobierno tendrá que decidir si aprueba a través de decretos ley.
En el Impuesto de Sociedades, los Presupuestos contenían un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para grandes empresas (del 18% para las entidades financieras y de explotación de hidrocarburos) y una rebaja de dos puntos, hasta el 23%, para las compañías que no alcanzan una facturación de un millón de euros.

En el IRPF, el Gobierno establecía una subida de dos puntos en el IRPF para rentas del trabajo superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las de 300.000 euros, mientras que para las del capital se aumentaba en cuatro puntos para rentas de ahorro de más de 140.000 euros.

LOS NUEVOS IMPUESTOS SÍ SIGUEN SU CURSO

También se incluía la subida al diésel, ya que se reducía su bonificación para aumentar el impuesto especial sobre el gasóleo en 3,8 céntimos por litro. Por contra, se rebajaba el IVA en varios productos, como los de higiene femenina (del 10% al superreducido del 4%) o a las descargas y suscripciones digitales de libros, periódicos o revistas (del 21% al 4%). El IVA a los servicios veterinarios pasaba del 21% al 10%.

Únicamente siguen su tramitación los dos impuestos de nueva creación, el impuesto de transacciones financieras y el de servicios digitales, ya que una ley de Presupuestos no puede contener nuevas figuras tributarias. Ambos fueron aprobados en sendos proyectos de ley, pero aún no han iniciado su tramitación parlamentaria, a la espera de que el Gobierno los defienda ante el Congreso.

Una de las partidas que había experimentado un aumento más significativo era la dedicada a la dependencia, que experimentaba en las cuentas una subida del 58,3%, al subir en 831 millones de euros hasta su mayor dotación en el sistema, con 2.231 millones.

Los Presupuestos recuperaban además la financiación de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, lo que habría afectado a 180.000 personas en una partida a la que las cuentas dedicaban 315 millones de euros.

Por otro lado, se eliminaba también el copago farmacéutico para los pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros y para las personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo.

AUMENTO DE BECAS Y BAJADA DE TASAS UNIVERSITARIAS

Por otra parte, las cuentas contemplaban un aumento del 10,2% para el sistema general de becas y ayudas al estudio, presupuestadas con 1.620 millones de euros y establecían una bajada de las tasas universitarias para dejarlas a niveles anteriores a la subida experimentada en 2012, habilitando para ello a las comunidades autónomas.

También se habilitaba a las entidades locales para flexibilizar la aplicación de la regla de gasto en su gasto en escuelas infantiles, considerando las escuelas infantiles de 0 a 3 años como una inversión financieramente sostenible. Por otro lado, se dotaba de 100 millones de euros la financiación de la cobertura de libros de texto y material didáctico, duplicando su cuantía respecto a 2018.

VIVIENDA

Respecto a vivienda, el Presupuesto tumbado por el Congreso dedicaba un 41% más que el del año pasado, dotando con 137 millones de euros al Plan 20.000 viviendas para incrementar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales.

Asimismo, se presupuestaban 25 millones de euros más para el programa de protección familiar y de lucha contra pobreza infantil en proyectos para mejorar la situación de familias en situación de vulnerabilidad y se dotaban 30 millones de euros para aumentar los recursos de las entidades públicas autonómicas de protección de menores extranjeros no acompañados.

INFRAESTRUCTURAS

En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno había esbozado un aumento de las inversiones en infraestructuras de un 18% más que en las cuentas de 2018, alcanzando el mayor importe inversor desde 2012 con 10.029 millones de euros. De todas ellas, la alta velocidad se ‘comía’ uno de cada cuatro euros presupuestados, al acumular 2.660 millones, más de la mitad de los 5.041 millones dirigidos al ferrocarril.

Otra de las partidas que se quedarán por ahora sin ver la luz es la relativa a la inversión real territorializada, que en el proyecto presupuestario contempla un alza del 20%, hasta los 12.181,94 millones de euros, con incrementos para Catalunya (+52%), Andalucía (+44%) y Comunidad Valenciana (+61%), frente a las regiones más castigadas: La Rioja (-39%), Galicia (19%) o Comunidad de Madrid (congelada).

15 MILLONES PARA VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Respecto al Ministerio de Justicia, las cuentas de Sánchez proyectaban un aumento del 5% respecto a los últimos Presupuestos de Rajoy, elevando su cuantía hasta los 1.869 millones de euros, 15 millones de los cuales se reservaban para impulsar iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y el Franquismo.

Asimismo, las partidas presupuestadas financiaban la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, las nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral y plazas en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, comprometidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la puesta en marcha de las nuevas oficinas judicial y fiscal.

LA SUBIDA DE SALARIO MÍNIMO Y PENSIONES YA ESTÁ EN VIGOR

Las estimaciones que maneja el Gobierno, tras no aprobar los Presupuestos, es que el déficit se eleve al 2,2% o al 2,4% del PIB, frente al 1,3% comprometido con la Comisión Europea en la senda de estabilidad vigente. Asimismo, el Ejecutivo calcula que se perderá además una renta de 4.174 euros por ciudadano en forma de prestaciones y servicios públicos.

No obstante, el Gobierno ya ha aprobado varias medidas a través de la figura del real decreto ley, como el aumento del 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 900 euros mensuales, así como la revalorización de un 1,6% de las pensiones (a la que se añadirá una décima más por el IPC antes de abril) y de un 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, con un coste total de 2.591,65 millones de euros.

Igualmente, aprobó en diciembre la subida salarial de los empleados públicos para 2019, que será como mínimo del 2,25%, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales, hasta un máximo del 2,75%.

Además, ya dio luz verde a la subida del 1,25% de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos, hasta los 944,40 euros al mes, ya que el tipo de cotización ha pasado a ser del 30%, aunque se incluían mejoras para el colectivo de autónomos como el acceso a la prestación por cese de actividad (paro), flexibilizando los requisitos y ampliando la duración de la prestación.

También se ha prorrogado de manera indefinida el subsidio extraordinario por desempleo (SED) de más de 400 euros para los parados sin prestaciones hasta que se cuente con un modelo nuevo, y se ha reducido el número mínimo de jornadas requeridas para acceder al subsidio por desempleo o renta agraria en el régimen de trabajadores temporeros, pasando de 35 a 20 jornadas.

Fuente: Catalunyapress

El drama de la dependencia. Recortando a los más vulnerables

Por Carmen Alemany Panadero

mayores_Hace algunos días leímos en El País la historia de Genoveva, una señora de 95 años aquejada de Alzheimer y que reside en una pequeña aldea de Galicia. Los recortes y las políticas de austeridad causaron el cierre del centro de día al que acudía a diario, obligándola a un desplazamiento de más de una hora diaria hasta otro centro en Muros. No dispone de ayuda a domicilio, a pesar de tener reconocido un Grado II de dependencia, y su hijo de 70 años ya no puede con ella para vestirla o asearla. Los servicios sociales creen que necesita una residencia, pero llevan más de dos años esperando una plaza que nunca llega.

La historia de Genoveva refleja una situación que se repite con frecuencia en muchas comunidades autónomas de España y que he encontrado en numerosas ocasiones en el Centro. Personas mayores, dependientes, que necesitan cuidados y asistencia y cuyas familias hacen lo que pueden, pero trabajan, tienen problemas de salud o edad avanzada y no pueden realizar todas las tareas necesarias. También hay personas en situación de dependencia que no cuentan con familiares cercanos. En estos casos, los servicios y prestaciones públicas reconocidos por la Ley de Dependencia son esenciales para garantizar una vida digna a miles de personas. Esta ley creó el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que cuenta con una serie de servicios y prestaciones que constituyen un derecho.

Casi 200.000 personas dependientes han fallecido entre 2012 y 2017 en España sin recibir la prestación a la que tenían derecho. Más de 100 personas al día. El Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales alerta de que actualmente hay 310.120 personas en lista de espera. Una cuarta parte de las personas en situación de dependencia no tienen acceso a ninguna prestación. Más de un tercio son personas dependientes con Grados II o III, los más vulnerables por tener una mayor necesidad de apoyo.

El recorte de la Administración del Estado en dependencia asciende ya a 4600 millones de euros, teniendo en cuenta la reducción del nivel mínimo, la supresión del nivel acordado y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. Las prolongadas políticas de austeridad y los recortes han supuesto la asfixia financiera del sistema. Las cifras son frías, pero detrás de ellas hay miles de dramas personales.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid emitió un demoledor informe en diciembre de 2017 sobre la situación de la atención a la dependencia en esta Comunidad.

“No se destinan anualmente los recursos necesarios para atender puntualmente las prestaciones de dependencia ni se utilizan los instrumentos presupuestarios que permitieran subsanar el déficit, lo que sería fundamental para atender las necesidades de un colectivo especialmente vulnerable.
El 84% de los que murieron en los seis meses siguientes a la petición de la asistencia lo hicieron sin percibir ayuda alguna. De los que murieron a partir de los seis meses siguientes de solicitar la ayuda del sistema, hasta el 62% falleció igualmente sin recibir ninguna prestación económica o servicio.
Estos hechos podrían dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración y en estos términos se pronuncia la Defensora del Pueblo, al ser éste un derecho invocable ante los tribunales, dado el carácter público de las prestaciones del Sistema, la universalidad en el acceso a las mismas, y el derecho de los ciudadanos a iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa de este derecho. Los beneficiarios con mayor grado de dependencia que solicitaron la atención residencial como modalidad principal, sin haber solicitado una prestación económica como modalidad transitoria, al ser los más vulnerables, habrían sido los más perjudicados”. (Cámara de Cuentas Comunidad de Madrid)

La situación de la dependencia es difícil para todos los afectados, pero en algunos casos existen circunstancias agravantes. Vivir en unos barrios u otros, o en unas regiones u otras, determina la calidad de vida de las personas y afecta especialmente a las personas en situación de dependencia. Algunos de esos factores condicionantes son:

  • Factores individuales: Escasez de familiares con disponibilidad para cuidar, vivir solo/a, falta de redes familiares o sociales, aislamiento.
  • Condicionantes de género: La mayoría de las personas dependientes suelen ser mujeres, muchas de ellas mayores, debido a una superior esperanza de vida. Estas mujeres dependientes suelen contar con pensiones reducidas, por haber asumido las tareas de cuidado de familiares (niños, enfermos, mayores) a lo largo de su vida, suelen tener cotizaciones inferiores o no haber cotizado jamás, y por tanto, cuentan con pensiones muy reducidas. Esto les complica el acceso a servicios asistenciales privados.
  • Residencia en zona rural: las personas dependientes que residen en zonas rurales suelen disponer de escasos recursos asistenciales próximos. Pueden requerir desplazamientos largos a un centro de día o no disponer de servicios de proximidad.
  • Residencia en zona urbana: Las personas que residen en zonas urbanas tendrán más o menos calidad de vida en función del barrio en el que residan. Por ejemplo, en Usera (Madrid) el estudio de Factores Determinantes de Salud 2017 (Ayuntamiento de Madrid), señala que la tasa de discapacidad es claramente superior a la del resto de Madrid, y la salud y calidad de vida son inferiores a todos los niveles: más problemas de obesidad, diabetes, problemas de salud mental, ansiedad y depresión, y una peor percepción de salud y calidad de vida.
  • Factores relativos a la vivienda: La calidad de vida de la persona dependiente dependerá de cuestiones como el estado del inmueble, grietas, humedades, mal aislamiento climático, carencia de muros de contención, barreras arquitectónicas, desniveles en el suelo, etc. Por desgracia, muchas personas mayores y dependientes de Usera habitan en viviendas con deficiencias estructurales.
  • Factores relativos a las vías públicas: Las vías públicas pueden facilitar o dificultar el desplazamiento de la persona en situación de dependencia por su entorno (solo o acompañado). Aceras en buen estado y rampas facilitan los movimientos. Aceras levantadas, rotura del pavimento, falta de adoquines, raíces de árboles sobresaliendo, desprendimientos de ladrillos, árboles sin podar con riesgo de caída de ramas, implican un riesgo para las personas dependientes, que pueden sufrir caídas o accidentes. En distritos como Usera y Villaverde el estado de las vías públicas es mejorable.
  • Los datos de las pensiones medias: El Mapa Social de la Ciudad de Madrid 2017 recoge que Puente de Vallecas y Usera son los distritos con las pensiones más reducidas de la capital, seguidos de cerca por Villaverde, Latina, Carabanchel y Villa de Vallecas.
  • La esperanza de vida: Existen diferencias significativas en la esperanza de vida de las personas incluso dentro del mismo municipio. Por poner un ejemplo, el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid, muestra diferencias de esperanza de vida entre los distritos. Salamanca, Chamartín y Retiro son los distritos con una esperanza de vida más elevada. Los que tienne la esperanza de vida más reducida son Centro, Usera, Puente de Vallecas, Carabanchel y Villaverde. La OMS advierte que las condiciones de la vivienda tienen influencia directa en la salud, especialmente para las personas más vulnerables, como niños, mayores y personas con discapacidad (OMS, 2011). También el Estudio Técnico sobre la Pobreza Energética del Ayuntamiento de Madrid (Sánchez-Guevara et al, 2015) señala la influencia de la climatización de las viviendas en la salud.

Debido a la confluencia de todos estos factores, las personas en situación de dependencia de las zonas urbanas más desfavorecidas se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad. Y las personas dependientes de zonas rurales pueden tener dificultades para el acceso a servicios asistenciales próximos. La mayoría de las personas mayores y dependientes son mujeres, y la mayoría de las mujeres (y más aún las mujeres de esa generación) han cotizado menos que los varones y se encuentran en una situación económica más precaria.

En los doce años de vida que tiene la Ley de Dependencia, el 3% de la población española ha sido reconocida como dependiente, es decir, que necesitan ayuda para realizar las necesidades básicas de la vida diaria. Miles de personas pueden verse abocadas a situaciones de riesgo, vulnerabilidad o desatención. La Ley de Dependencia vino a reconocer unas prestaciones y servicios como derecho subjetivo, como garantía de una vida digna para todas las personas con independencia de su capacidad. La financiación adecuada y suficiente del Sistema de Atención a la Dependencia es un derecho exigible, un deber legal para los poderes públicos y un derecho para los ciudadanos. El Estado debe cumplir con ese 50% de financiación de los servicios del SAAD. El ahorro económico no puede correr a cargo del sector más vulnerable de nuestra sociedad.

Además, es necesario tener en cuenta que los servicios del SAAD generan empleo. En el actual contexto de crisis, precariedad laboral y desempleo de larga duración, los servicios de asistencia a ese 3% de población en situación de dependencia pueden generar miles de empleos, alimentar a miles de familias, y aumentar la demanda y el consumo. En una sociedad envejecida, este sector puede constituir un motor de empleo y crecimiento económico. Según el Observatorio Estatal para la Dependencia, si se atendiera ya a las 310.000 personas dependientes en lista de espera, se generarían más de 75.000 empleos directos, sumados a los 220.000 empleos actuales del SAAD.

Fuente: Medium

Dos ancianos duermen dos noches en un parque tras ser desahuciados en Oviedo

PARQUE_OVIEDOEl pasado 18 de septiembre un juzgado ejecutó el desahucio de la pareja.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Oviedo ha denunciado el incumplimiento por parte del Juzgado del convenio para la prevención de desahucios, que le obliga a comunicar a los servicios sociales municipales las situaciones de especial vulnerabilidad o exclusión social, después de tener conocimiento de que un matrimonio de 74 y 72 años han tenido que dormir en el parque San Francisco durante dos noches tras ser desahuciados.

En una nota de prensa la PAH ha explicado que el pasado 18 de septiembre un juzgado de Oviedo ejecutó el desahucio del matrimonio, cuyos ingresos, provenientes de una pensión no contributiva, no les permitían costear el alquiler de la vivienda en la que residían.

“Completamente desamparados”

Al carecer de un alojamiento alternativo, «completamente desamparados y conmocionados por la situación a la que se veían abocados», pasaron dos días y dos noches en un banco del Parque San Francisco, hasta que integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo tuvieron conocimiento de su estado y, con su apoyo, accedieron a un alojamiento «provisional y precario» mientras se gestiona ante los servicios sociales municipales una solución definitiva.

El Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos firmaron el 15 de marzo de este año un convenio que establece un protocolo de actuación para la prevención de situaciones de exclusión residencial extrema como la que sufre este matrimonio septuagenario ovetense.

Riesgo de exclusión

En virtud de ese protocolo, los juzgados que reciben demandas por impago de alquiler están obligados a evaluar si la familia demandada se encuentra en situación de riesgo de exclusión social y, en caso afirmativo, facilitarle información acerca de los recursos de asistencia social disponibles, además de trasladar el caso a los servicios sociales municipales para que adopten las medidas oportunas para garantizar sus derechos sociales.

El convenio expresamente considera a las personas mayores de 65 años objeto de atención especial. Por ello, la PAH de Oviedo ha denunciado que «el juzgado ha ignorado todos estos compromisos» y que su actuación «negligente e inhumana» resulta «incompatible con el respeto a su derecho fundamental a disponer de una vivienda adecuada reconocido en diversos convenios internacionales».

Ante esta situación la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo solicitará una reunión al Decano de los Juzgados de Oviedo para trasladarle esta situación.

No lo sabían

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha asegurado que el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Oviedo desconocía la situación de vulnerabilidad de los dos ancianos desahuciados en Oviedo.

En una nota de prensa, han explicado que el día 18 de septiembre el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Oviedo realizó dos lanzamientos. Uno de un local de negocio y el otro de una vivienda que, al menos en el momento de llevarse a cabo el lanzamiento, no estaba ocupada por persona alguna.

”Si los ocupantes de la vivienda eran las personas y con esas condiciones, no habían puesto en conocimiento del Juzgado su situación y la misma, por tanto, no ha podido ser conocida ni valorada por el servicio correspondiente”, prosiguen.

No se podía apreciar

Así, han explicado que cuando se detecta en la diligencia algún supuesto de vulnerabilidad “tienen orden de suspensión para dar cuenta al Juzgado correspondiente y el día 18 no ocurrió”, porque se reitera que “no se tenía conocimiento de esa situación”.

”El día 18 de septiembre de 2018 no se ejecutó ningún desahucio en el que se pudiera apreciar o valorar previamente situación de especial vulnerabilidad alguna, porque no fue conocedor de ninguna situación de riesgo”, han insistido.

 

 

Fuente: La Vanguardia

 

 

 

Santa Coloma ofrece subvenciones a la vivienda para personas mayores de 65 años

ajuntament santa colomaPuede pedir esta ayuda gente que vive sola, que sea propietaria de su vivienda y que tenga ingresos bajos.

Del 19 de septiembre al 11 de octubre, las personas mayores de 65 años residentes en Santa Coloma de Gramenet, propietarias de la vivienda donde viven, que tengan unos ingresos iguales o inferiores a 1,5 veces el IPREM y viven solas, podrán solicitar subvenciones para la vivienda.

Según ha informado el Ayuntamiento, los interesados deben tener en cuenta las derivaciones implícitas en esta ayuda: los datos personales se incorporarán a la base de datos nacional de subvenciones (BDNS) y el nombre y el apellido, el importe y el objeto de la subvención de las personas adjudicatarias serán publicados en el portal de transparencia de la web municipal.

Además, las cantidades recibidas, 100 euros por persona mayor de 65 años, serán comunicadas a la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) y a efectos de la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal, los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido y limitación del tratamiento.

Para presentar solicitudes, hay que pedir cita previa por teléfono (93 462 40 00), de 9.00 a 14.30 h, o en una página web habilitada para este tema.

Fuente: El Periódico

Un total de 103.000 personas mayores son ya socias de los 17 centros sociales que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) tiene en toda la Región

IMASLos centros sociales del IMAS constituyen un punto de encuentro para quienes aún disfrutan de un buen nivel de autonomía. La conquista de la ciencia y el progreso de la medicina han contribuido de forma decisiva en los últimos años a prolongar la duración media de la vida para los mayores.

El envejecimiento activo, que promueve el Gobierno regional, está recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ocasiones desde los centros de Salud se orienta a las personas mayores a participar de la vida de estos centros como un modo de mantener o mejorar su salud tanto física como emocional. Vivir más años con buena salud presupone una mejor calidad de vida, ser más independiente y seguir siendo más activo tanto física como socialmente.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, asistió esta semana a la convivencia que celebraba el centro social de personas mayores de Roldán, en Torre Pacheco, que cuenta con 1.095 asociados, donde recordó que «los mayores abarcan una parte considerable de la población y son personas que, aunque ya no forman parte del mercado laboral, disponen aún de grandes recursos y de la capacidad de participar en el bien común de la sociedad actual».

«El desarrollo personal y social de una persona no termina en los últimos años de la vida adulta. Esta etapa puede potenciar muchas experiencias y habilidades propias, cristalizadas en conocimientos y práctica», añadió.

Los diferentes centros de mayores de la Región ofrecen unos 250 talleres, con diversidad de actividades (gerontogimnasia, memoria, yoga, tai chi, cuenta cuentos, senderismo, manualidades). Actualmente se está desarrollando un programa de formación con la Fundación Vodafone en el manejo del smartphone para las personas mayores.

También es fundamental el diálogo intergeneracional y, por ello, el IMAS colabora con un proyecto de la Universidad de Murcia de envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional, que recibió el Premio de Investigación de Innovación Social.

SERVICIO DE CENTRO DE DÍA

El centro social de personas mayores de Roldán también dispone de un centro de día para la atención de personas dependientes. El IMAS financia con 382.360 euros el transporte y la atención un total de 20 personas en este centro.

Los centros de día prestan atención sociosanitaria especializada, con una finalidad preventiva y rehabilitadora, a las personas mayores con algún grado de deterioro físico o cognitivo, discapacidad sensorial y de movilidad.

Los usuarios disponen de un seguimiento individualizado y actividades programadas en función de sus necesidades. Una vez incorporados al centro de día, se elabora un Plan de Atención Personalizado consensuado por el equipo multidisciplinar con los equipos sanitarios, sociales y con la persona atendida y su familia o cuidadores.

La misión principal es proporcionar a las personas mayores un apoyo técnico y especializado en horario diurno para que puedan desarrollar con mayor autonomía las actividades de la vida cotidiana, en un entorno próximo a su residencia.

La Comunidad Autónoma subvenciona en la actualidad un total de 4.135 plazas a personas mayores en diferentes centros de la Región. 1.093 de estas plazas son de centros de día.

Fuente: 20 minutos

Cáritas solicita reuniones con nueve ministros del nuevo Gobierno para abordar los retos «más urgentes»

Natalia-PeiroLa secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha solicitado formalmente a los titulares de los nueve ministerios relacionados con el desarrollo de la agenda social del nuevo Gobierno una serie de encuentros de trabajo para abordar de manera conjunta los retos «más urgentes» que plantean las condiciones de precariedad social de las personas acompañadas por Cáritas.

En concreto, ha solicitado encuentros con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los titulares de Asuntos Exteriores, Josep Borrell; Economía, Nadia Calviño; Hacienda, María Jesús Montero; Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón; Fomento, José Luis Ábalos; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio; Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En estas misivas, que se han remitido después de que el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, enviase su felicitación al nuevo Gobierno, se hace referencia expresa al documento de ‘Propuestas Políticas’ hecho público por Cáritas Española ante las últimas elecciones generales y cuyo contenido ha sido compartido en los últimos meses en distintos encuentros de trabajo con las distintas fuerzas parlamentarias.

En concreto, piden que se ratifique la Carta Social Europea revisada en 1996 y el protocolo adicional de 1995; que se garanticen los ingresos para los hogares en situación de pobreza severa; así como el acceso a la salud a todas las personas y el derecho a una vivienda digna y adecuada; que se garantice un empleo digno y un salario justo; y se apueste por la economía social y solidaria en la contratación pública –con cláusulas sociales y ambientales–.

También plantean que no se condicione el acceso al permiso de residencia a la obtención de un contrato de trabajo; que se garanticen los derechos humanos en los procedimientos de expulsión; que se cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se destine en esta legislatura el 0,4 por ciento del PIB a ayuda oficial al desarrollo para garantizar la financiación de un modelo de desarrollo sostenible, con el objetivo de avanzar hacia el 0.7 por ciento.

Estas propuestas están inspiradas, por una parte, en la llamada del Papa Francisco a la última Asamblea General de Cáritas Internationalis a ser parte de «una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades»; y por otra, en la instrucción pastoral ‘Iglesia, servidora de los pobres’, aprobada en abril de 2015 por la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Fuente: La Vanguardia

Elorrio forma a una veintena de migrantes que cuidan a personas mayores dependientes

elorrioSon sólo una veintena pero representan a la mayoría de las mujeres empleadas en el ámbito del cuidado de personas mayores con dependencia. Se trata de inmigrantes, la mayoría de ellas latinas, que se hacen cargo de la atención de este sector de población en Elorrio. El Ayuntamiento de la villa ha tratado de ayudar a este grupo dotándole de una serie de «conocimientos previos y profesionales en el ámbito sanitario».

Tanto la alcaldesa, Idoia Buruaga, como la concejala del área de Igualdad, Aratxu Uriarte, aseguraron ayer que, «aunque para muchas y muchos sean invisibles, la labor que hacen es indispensable para todas y todos nosotros. En ciertos casos las condiciones laborales que tienen no suelen ser las más idóneas, y en otros, los conocimientos previos en el ámbito sanitario no son muy grandes. Por ello, hemos tratado de ayudarlas, por que si ellas se empoderan ganamos todas y todos».

El curso ‘No hay vida sin cuidados’ fue puesto en marcha en abril por el Ayuntamiento en colaboración con Osakidetza, Kainabera, ElorriLore, Cáritas o Cruz Roja, Las veinticinco horas de formación distribuidas en diez sesiones concluyeron con la entrega de diplomas esta semana. «Han mostrado un gran interés por tratar de formarse y mejorar tanto profesionalmente como personalmente», detallaron responsables municipales a través de un comunicado de prensa.

Un 21,6%, más de 65 años

Estas mismas fuentes informaron que la mayoría de las participantes han sido latinas, perfil de las migrantes que se dedican al cuidado de personas mayores dependientes en Elorrio. La villa, según recoge el Instituto Vasco de Estadística, cuenta con una población de personas mayores de 65 años que ronda en torno al 21,6%. Aunque se desconoce, sin embargo, el número que mujeres que se encarga de ayudar a este sector que presentan algún tipo de dependencia, desde el Ayuntamiento indican que realizan su actividad laboral muchas veces en condiciones de soledad, aislamiento social, y sin conocimientos.

Fuente: El Correo

El Consejo Riojano de Servicios Sociales propone que los centros de día de personas mayores podrán ser «excepcionalmente» centros de noche

consejo riojano servicios socialesEl consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, ha avanzado hoy que, con la nueva regulación en la que trabaja el Gobierno riojano, los centros de día de personas mayores podrán ser «excepcionalmente» centro de noche.

Escobar ha presidido hoy la reunión del Consejo Riojano de Servicios Sociales, en el que se han abordado, entre otros temas, el borrador del anteproyecto del decreto que va a regular los centros de día de personas mayores; y el Anteproyecto de Ley de Protección de Menores.

«Como estamos en un proceso de mejora continua», ha explicado el consejero en el caso del decreto de centros de día, «hemos creído conveniente incorporar novedades normativas».

Y, así, por ejemplo, se han añadido «nuevos profesionales, como psicólogos, que se suman a los tradicionales de médicos, terapeuta…»

Además, se introduce que exista un plan personalizado para cada usuario que implique a las familias; de forma que «puedan prestarse otros servicios, a los habituales del centro de día, para procurar la máxima autonomía de la persona que está en él».

«Incluso», ha añadido, «se abre la posibilidad de que el centro de día pueda ser, excepcionalmente, centro de noche; es decir, que si las familias requieren que el mayor pase la noche también lo pueda hacer y, el resto del día, pueda estar con su familia».

La previsión es que esté aprobado, y en vigor, en abril. Al tratarse de un decreto no requiere de trámite parlamentario.

Fuente: La Rioja

 

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